"¿Cómo avanzamos?", por Cecilia Blume

Lava Jato está destruyendo el país. Las coimas y contribuciones que Odebrecht reconoce haber pagado en el Perú alcanzan a personas nunca sospechadas y parecería que, por donde se mira, en el gobierno que sea, alguien ha recibido dinero de esta empresa. Cuando revienta el escándalo en Estados Unidos, el Perú –después de la declaración de Odebrecht reconociendo haber sobornado a funcionarios públicos– emite el Decreto de Urgencia Nº 003-2017, teóricamente para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión, impedir la transferencia de recursos al exterior y garantizar los pagos al Estado.

Sin embargo, el decreto no ha logrado uno de sus principales objetivos: la continuidad de los proyectos para mantener el crecimiento, desarrollar infraestructura y proteger el empleo. Hoy el país está sumido en un clima de temor y desconfianza, así como de mutuas acusaciones que desfavorecen la inversión para proyectos en marcha y para nuevos proyectos. El Estado pudo haber optado por otras soluciones sin romper la cadena de pagos, que hoy se ha afectado seriamente. Pudo haberse intervenido la empresa para garantizar su continuidad mientras se castigaba penalmente a los delincuentes.

Los objetivos del Ejecutivo con el Decreto de Urgencia Nº 003 de preservar los proyectos y asegurar las reparaciones civiles no se están cumpliendo, y el Congreso ampliaría los alcances del mismo a las empresas consorciadas con Odebrecht. Con ello, los costos del problema para la sociedad podrían hacerse mayores.

Los bancos no acompañan a las empresas, la Sunat ha embargado las cuentas de Odebrecht y el Ejecutivo aún no fija las reparaciones civiles para la venta de los activos. Hace unos meses, la Asociación de Proveedores de Odebrecht señaló que más de 40.000 trabajadores de cerca de 60 empresas subcontratadas tienen que cobrarle a Odebrecht. Chaglla, la central hidroeléctrica que iba a vender Odebrecht para pagar deudas, no se ha transferido aún porque el Estado no toma las decisiones requeridas para su venta.

Y en lo que a administración de justicia se refiere, se ha permitido que lo que debería ser aplicación de la ley se vuelva un ajusticiamiento político donde se asume culpabilidad, sin que haya habido juicio de por medio y sin haber confesado haber participado de un acto ilícito. Es peligroso que, por razones políticas, incluyamos cada vez a más empresas, sin que haya pruebas contra ellas ni reconocimiento de responsabilidad. Desafortunadamente, muchos aplauden las sanciones porque es fácil estar contra la empresas y los empresarios. No pudimos separar la paja del trigo, y enjuiciar y condenar a los delincuentes.

Estamos en el peor de los mundos: obras paralizadas, empresas cerradas, proveedores impagos y trabajadores despedidos. A ello debemos sumar funcionarios temerosos de tomar las decisiones para regresar a los niveles de inversión que el país requiere. ¿Cómo avanzamos?

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