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Cambios al libro de reclamaciones costarán S/410 millones

El Indecopi advierte que deberá contratar 10.000 empleados y adquirir software para cumplir con norma aprobada en el Congreso

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La autógrafa de la ley está a la espera de ser promulgada u observada por el Ejecutivo. (Foto: El Comercio)

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El Indecopi calcula que la ley que obliga a todas las empresas a remitirle en un máximo de siete días las quejas de sus libros de reclamaciones implicará para el organismo un gasto anual de alrededor de S/410 millones. Este monto, precisa la entidad, equivale a 11 veces el presupuesto actual del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

Los recursos, según el Indecopi, se destinarían principalmente a la contratación de unos 10.000 empleados y a la compra de licencias de software para poder procesar la información recabada. La institución deberá “informar las acciones correspondientes” que haya adoptado sobre estas quejas y reclamos en su página web.

Hoy el organismo solo recaba de manera obligatoria la información de los proveedores que registran ingresos anuales de al menos S/12,15 millones.

“Consideramos que la herramienta no es suficientemente efectiva por la poca información y difusión de la misma”, señala la exposición de motivos de la ley que impone esta medida.

Indecopi asegura que ninguno de los dos proyectos en los que se basó esta norma contenía un análisis costo-beneficio, como lo exige el artículo 75 del reglamento del Congreso. “No hacen más que enumerar las presuntas ventajas [...] sin intentar al menos identificar y cuantificar los costos”, señala.

Así, apunta que las “acciones correspondientes” que deberá tomar –que no se precisan en la autógrafa de ley– demandarían también una nueva infraestructura física y la compra de mobiliario y computadoras.

Por su parte, el congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales, autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que a su juicio el monto estimado por Indecopi resultaba excesivo. Además, anotó que aunque ese fuera el monto, estaba claro que el Ejecutivo sería el responsable de asignar un presupuesto, los recursos humanos y elaborar la recomposición de la estructura de costos.

Agregó que no todas las empresas reciben reclamos o quejas de manera diaria y que incluso algunos congresistas oficialistas estuvieron de acuerdo con la propuesta.

ENTRADA EN VIGOR
El 7 de junio el Pleno del Congreso aprobó la norma que modifica los artículos 24 y 152 del Código del Protección y Defensa del Consumidor. La autógrafa aún está a la espera de ser promulgada u observada por el Ejecutivo.

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