(Foto: El Comercio)
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Roxana Barrantes Cáceres

De prosperar la denominada ley Mulder sobre en medios privados, el 35% de peruanos que no accede a Internet tampoco tendría acceso a la información del Gobierno. Pero el proyecto va más allá, pues estaría requiriendo que las entidades del Estado se comuniquen con los ciudadanos a través de redes sociales. En este caso, el porcentaje de peruanos excluidos sería aun mayor: más de 41%.

Pero este porcentaje es muy desigual según nivel socioeconómico (NSE): mientras que alrededor del 8% de personas en el NSE A quedaría excluido, este porcentaje sube a casi 43% en el NSE D y hasta 64% en el NSE E.

Si hacemos un perfil del tercio de peruanos que no accede a Internet, se trata mayoritariamente de mujeres, con educación primaria (completa o incompleta), trabajadora del hogar o jubilada, y del NSE E, es decir, las más pobres.

El perfil de quienes no acceden a redes sociales es muy similar, agregando a agricultores como ocupación principal. ¿Es posible diseñar una política pública sobre cómo el Estado puede informar al ciudadano que excluya a tantos peruanos que necesitan más del Estado porque son los menos educados, quienes trabajan en ocupaciones poco productivas o ya cumplieron su ciclo laboral, o son simplemente pobres?

En el Perú, el uso de Internet para finalidades de educación, trabajo y gobierno, precisamente aquellas que teóricamente abren las oportunidades y permiten un uso productivo de la red de redes, es limitado. Con fines educativos, menos de la mitad de internautas la utiliza; para trabajo, poco más de uno de cada cuatro usuarios de Internet; y, finalmente, para relacionarse con el gobierno: ¡solamente 14% de internautas!

Estos datos nos plantean un conjunto importante de retos de política pública. Para empezar, la política actual de inclusión digital casi refleja la máxima: “Dejemos que el tiempo nos iguale”. Pero cuando un componente importante de las brechas es económico (NSE E, ocupaciones de baja productividad), el tiempo que tomará superarlas es poco manejable, sea en términos puramente políticos o en términos de la calidad de la vida cotidiana de las personas.

Segundo, tampoco se trata de inventar la pólvora. Hay ejemplos: Corea implementó exitosamente programas de alfabetización digital para amas de casa; o Argentina ahora implementa un programa masivo de acercamiento al ciudadano a través de Punto Digital, espacios ubicados ampliamente en el territorio de dicho país; o nuestro mismo Perú con las PIAS, tan importantes hoy en el acercamiento del Estado al ciudadano en la selva peruana, que tendrían que tener intervenciones de inclusión digital.

En uno de los últimos actos del gobierno de Kuczynski, la ley Mulder fue observada por el Ejecutivo. Veamos si nuevamente la fuerza de los votos insiste con tamaño despropósito o si tomamos en serio la economía digital y diseñamos políticas públicas de inclusión.