Contraloría advierte deficiencias en proyecto del Ejecutivo que amplía presupuesto en S/ 9.596 millones
El proyecto de ley carece, según la entidad, de una fundamentación técnica suficiente sobre su impacto en la sostenibilidad fiscal y los riesgos macrofiscales.
El informe observa que el 43.6% del total de los recursos previstos corresponde a créditos suplementarios, mientras que el 56.6% se financia mediante recursos determinados, principalmente dirigidos a gobiernos regionales y locales. Foto: composición GEC
La Contraloría General de la República alertó sobre una deficiencia en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que busca la aprobación de un crédito suplementario por un monto de S/ 9,596 millones, que serían destinados a financiar inversiones públicas y la continuidad de servicios del Estado.
La Contraloría General de la República alertó sobre una deficiencia en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que busca la aprobación de un crédito suplementario por un monto de S/ 9,596 millones, que serían destinados a financiar inversiones públicas y la continuidad de servicios del Estado.
Según el órgano fiscalizador, el proyecto carece de una fundamentación técnica suficiente que permita evaluar de manera integral el impacto en la sostenibilidad fiscal del país y gestionar adecuadamente los riesgos macrofiscales asociados.
El titular actual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es Rodolfo Acuña Namihas, quien juró al cargo el 17 de marzo de 2026. Foto: Andina
De acuerdo al informe de Orientación de Oficio N° 041-2026-OCI/0001-SOO, la iniciativa legislativa carece de un análisis técnico sobre cómo el financiamiento propuesto podría afectar las finanzas públicas, sobre todo en un contexto donde las finanzas del país ya presentan signos de vulnerabilidad.
La Contraloría precisó que, en la exposición de motivos del proyecto, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no se ha desarrollado de forma suficiente la motivación técnica acerca de la incidencia del financiamiento en la sostenibilidad fiscal ni las medidas destinadas a prevenir posibles riesgos macrofiscales.
El organismo de control señala además que, en las fuentes de financiamiento, se contempla recursos provenientes del crédito interno, recursos extraordinarios del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), del Banco de la Nación, y mayores ingresos estimados por SUNAT. Sin embargo, la exposición de motivos solo describe estos mecanismos, pero no explica cómo estos recursos interactuarían con la trayectoria presupuestal y macrofiscal del país, ni cómo impactarían en la deuda pública o en las metas fiscales establecidas.
3 de junio del 2011. Hace 15 años. MEF a punto de ganar batalla a las AFP para bajar comisiones.
La Contraloría agregó que el proyecto no desarrolla un análisis que considere los riesgos macrofiscales existentes, como los identificados en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del MEF, donde se advierte que la aprobación de leyes con alto costo fiscal y la materialización de eventos adversos —como conflictos internacionales o desastres naturales— podrían profundizar la vulnerabilidad de las finanzas públicas y limitar las capacidades de respuesta del Estado ante futuros desafíos.
El informe observa que el 43.6% del total de los recursos previstos corresponde a créditos suplementarios, mientras que el 56.6% se financia mediante recursos determinados, principalmente dirigidos a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, no hay un desglose detallado acerca de las implicancias de estos fondos, ni de las medidas de asignación que aseguren su uso eficiente y sustentable.
Por otra parte, la Contraloría resaltó que la falta de un desarrollo técnico específico podría dificultar la evaluación durante el proceso legislativo y afectar la credibilidad de las acciones del Gobierno. La institución recomendó que el MEF fortalezca la justificación técnica del proyecto de ley y comunique las acciones correctivas.
Por último, el organismo de control exhortó a las entidades responsables que adopten medidas preventivas y correctivas, y que dichas acciones sean comunicadas en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el fin de evitar que este tipo de financiamiento contribuya al deterioro de la sostenibilidad fiscal del país en un momento donde, según los propios informes del MEF y del Consejo Fiscal, las finanzas nacionales ya muestran signos de vulnerabilidad.
