Contraloría: el Estado contrató proveedores sin proceso por S/72 mil millones entre 2018 y 2022 | INFORME

La entidad resaltó que el monto promedio de estas contrataciones por proveedor es de S/16.068 y cabe destacar que hubo casos en los que los proveedores fueron contratados en más de una entidad.

El 2022 fue el año en el que se comprometieron más inversiones a través de esta modalidad de compra (S/18.979 millones). En el 2021 el monto ascendió a S/14.720 millones; en el 2020, a S/12.955 millones; en el 2019, a S/13.207 millones; y a S/12.803 millones en el 2018.

Cabe recordar que las contrataciones sin proceso son un mecanismo legal que tienen las entidades del Estado para contratar proveedores sin procedimientos de selección para agilizar la adquisición de bienes y servicios, pero por montos iguales o menores a 8UIT (S/39.800 hasta julio del 2022) o 9 UIT (S/44.550 desde julio del 2022 hasta la actualidad).

El 70% del gasto por este concepto se centró en la adquisición de bienes y servicios, el 29% se dio para la adquisición de activos no financieros y el 1% restante para gastos genéricos. Los principales desembolsos se dieron para servicios profesionales y técnicos y locación de servicios.

Contraloría indicó que el 12% del total se debió a consultorías contratadas sin proceso (S/8.572 millones). El año en el que más se pagó por ello fue en el 2022 con S/2.111 millones.

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Por otro lado, según el ente de control, hubo 351.074 proveedores que fueron contratados sin proceso, pero superaron el monto límite de 8 UIT o 9 UIT.

“Se estaría evidenciando el posible fraccionamiento con tal de evitar seleccionar al proveedor mediante procesos de competencia. Si bien como número representaron apenas el 10% del total de proveedores contratados sin proceso, el monto que percibieron llegó a representar el 49% (S/35.188 millones) del devengado total”, concluyó la entidad.

Asimismo, halló que 12.635 proveedores impedidos de contratar con el Estado recibieron S/355 millones por este concepto. Este monto representa el 0,4% del total contratado.

Para Angie Umezawa, counsel del estudio PPU, el reporte de Contraloría tiene información precisa sobre este tipo de contratación, pero no fue tan detallado respecto al fraccionamiento.

“Desde el punto de vista de la estadística pública es un informe muy completo [...] [Pero] sí sería importante saber cuál es el rango que está contratándose fuera de ese monto. Además, se debe ver el fraccionamiento y se está olvidando cuando es una práctica que se hace en varias entidades. Hay mucha gente que tiene órdenes de compra por años, varias órdenes que están dentro del rango de entre 8 y 9 UIT y que se cobran cada mes por un mismo proveedor. En el reporte lo mencionan de manera muy general, pero no aterrizan ni especifican lo que ocurre realmente y ahí faltó información”, explicó.

Por su parte, Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura en EY, cuestionó que los hallazgos del reporte no llegaran a determinar o clarificar si hubo casos de corrupción en estas contrataciones.

“Se menciona que hubo una cantidad de proveedores que superaron el monto límite, pero no se dice más. Eso es perjudicial porque encontraron información que tiene una apariencia de corrupción, pero no se concluye nada. Lo que debieron hacer es tomar una muestra y demostrar que hubo empresas que cometieron faltas”, criticó.