Déficit fiscal: MEF no modifica trayectoria pese a presiones de gasto, pero expertos dudan que se cumpla

En el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene la trayectoria de reducción del déficit fiscal planteada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) de agosto del 2025, con una convergencia gradual desde 2,2% del PBI en 2025 a 1,8% en 2026 y 1% al 2028.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, explicó que el escenario planteado por el MEF responde al marco legal vigente, pero no necesariamente a uno probable. “El MEF está diciendo que esa es la trayectoria legal y no le corresponde modificarla, —de darse el caso, el siguiente gobierno debe proponerlo al Legislativo, previa opinión del Consejo Fiscal—, pero sería extremadamente difícil cumplirla”, señaló. Añadió que, con las presiones fiscales ya introducidas en los presupuestos gubernamentales, “los números no cierran”. Alcanzar la meta implicaría “recortes importantes de gasto, cambiar partidas y probablemente subir impuestos”.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, sostuvo que la senda de consolidación “descansa sobre supuestos poco realistas”. “El problema de fondo es de inconsistencia temporal, ya que el escenario base supone disciplina fiscal futura que ningún mecanismo institucional actual garantiza”, indicó. Agregó que el país acumula tres años consecutivos incumpliendo las reglas fiscales vigentes, lo que erosiona la credibilidad de cualquier proyección oficial de consolidación.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que la trayectoria planteada no es la más probable de materializarse. “El propio IAPM 2026-2029 señala que la trayectoria del déficit es consistente con el marco legal vigente, pero no es el escenario con mayores probabilidades de materialización”, afirmó. Añadió que el documento reconoce que la próxima administración deberá evaluar si la senda de consolidación fiscal debe ser modificada.

Segura señaló que “el principal problema es el Congreso de la República, con todo lo que ha venido aprobando”, en referencia a leyes que generan obligaciones de gasto o reducen ingresos sin financiamiento. Castilla calificó estas medidas como el riesgo dominante, tanto por su magnitud como por su carácter permanente e irreversible en el corto plazo.

Castilla detalló que, según el Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se han aprobado 268 leyes con impacto fiscal adverso, que generan compromisos permanentes por S/ 36.700 millones anuales, equivalentes al 3% del PBI. En total, esto representa un costo acumulado de S/ 109.600 millones (9,1% del PBI). Añadió que solo en marzo de 2026 las medidas aprobadas implican un costo anual de al menos S/ 11.400 millones, sin considerar otras normas no incorporadas en el presupuesto.

Macera, por su parte, indicó que las estimaciones del Consejo Fiscal muestran que, en el corto plazo, las leyes aprobadas generan presiones de aproximadamente 1,9 puntos porcentuales del PBI sobre el déficit fiscal, que se elevarían a 3,4 puntos en un horizonte de diez años. “Dicho incremento sería permanente y creciente en el tiempo”, precisó, y añadió que, bajo ese escenario, la deuda pública podría aumentar en alrededor de 22 puntos del PBI en una década.

Segura explicó que, con un déficit cercano a 2,2% del PBI y una meta de convergencia de 1,8%, las presiones adicionales implican que, en la práctica, el punto de partida sería mayor, ya que “es como si estuvieras en 2,7%”, lo que obligaría a una consolidación cercana a un punto del PBI en el corto plazo. Para el siguiente año, añadió, la brecha sería mayor. “Faltan más de un punto y medio”, anotó, lo que implica un esfuerzo fiscal significativamente superior al previsto.

En cuanto a Petro-Perú, los especialistas coincidieron en que no es el principal determinante del desequilibrio fiscal, pero sí una presión adicional sobre las cuentas públicas. Macera indicó que la empresa constituye una carga fiscal constante y la describió como “un agujero negro donde no se ve el fondo”, aunque precisó que, por sí sola, no genera insostenibilidad fiscal. En tanto, Segura explicó que el impacto se da a través de garantías estatales que, al ejecutarse, “efectivamente se han vuelto gasto público”, lo que podría seguir ocurriendo en función del desempeño financiero de la empresa. Castilla agregó que entre 2022 y 2025 Petro-Perú recibió cerca de US$ 6.800 millones en apoyo estatal y mantiene una deuda financiera superior a US$ 6.300 millones.

Respecto a la consistencia del IAPM, Castilla afirmó que el documento “reconoce los riesgos, pero los trata como condicionales cuando en rigor son tendencias estructurales ya en curso (...) no refleja estos riesgos en las proyecciones oficiales”. Macera, en cambio, destacó que el informe sí reconoce que el escenario es sumamente retador y poco probable, aunque subrayó que “ahora falta que se actúe con decisión al respecto”.

Segura indicó que el ajuste requerido no solo es técnico, sino también político. Señaló que las medidas aprobadas generan obligaciones ya vigentes y que “todo va a recaer en el siguiente gobierno”, el cual deberá definir cómo cerrar la brecha fiscal. Castilla coincidió en que la próxima administración recibirá “un stock de compromisos permanentes que hace técnicamente muy difícil retornar a la senda de consolidación sin una reforma fiscal de fondo”. Macera también apuntó en esa dirección al señalar que la nueva gestión deberá evaluar en sus primeros días si mantiene o modifica la trayectoria planteada.