Facultades para legislar... ¿qué dice el pedido del Ejecutivo?

Durante la tarde de ayer el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley que le brinda facultades para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Entre las 103 medidas planteadas, destaca la modificación de la ley de Adecuación de reglas macrofiscales para el sector público, es decir, la ley del déficit fiscal.

Según el documento, se busca una reducción gradual del déficit fiscal y un crecimiento prudente del gasto público, enfocado principalmente en inversiones. “Se propone establecer una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal del Sector Público no Financiero (SPNF) al retorno de su regla fiscal de mediano plazo (1,0% del PBI) y de la deuda pública del SPNF (30% del PBI) [y] establecer un menor límite a la tasa de crecimiento del gasto corriente de tal manera que sea prudente y consistente con preservar la sostenibilidad fiscal”, plantea el proyecto. Semanas antes el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció hace unas semanas que no se cumpliría con las leyes macrofiscales por segundo año consecutivo.

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Como se recuerda, el déficit fiscal anual hasta marzo del 2024 ascendió al 3,3% del PBI. Según el documento, se busca “establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público”. Asimismo, señala que “la reducción del déficit fiscal de 2,8% del PBI en 2023 a 2,0% del PBI [su tope máximo] en 2024 sería un ajuste muy significativo que podría ser perjudicial para la recuperación de la actividad económica del país”.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la medida es positiva en tanto el Congreso la apruebe. “Se va a privilegiar más el gasto de inversión más que los pedidos de sueldo o de bienes y servicios. Se está dando ese mensaje a cambio de una reducción gradual del déficit”, explicó.

Según Jorge Guillén, profesor asociado de ESAN, la medida podría sufrir la oposición del Congreso por el tema de la reducción de gastos salariales. “Si se va a reducir el gasto, va a chocar, por ejemplo, con los congresistas que buscan aumentar su sueldo. Y eso es un incremento permanente en la planilla del Estado”, indicó.

Este año el Congreso aprobó un presupuesto de S/832 millones para sus remuneraciones. El Ejecutivo propuso asignarle S/602 millones.

En el aspecto tributario el Ejecutivo pidió facultades para implementar la denominada “Tasa Netflix”, es decir, el impuesto extra que se aplica a plataformas de ‘streaming’, música y otros aplicativos digitales que no están domiciliados en el Perú. Se buscará “establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto. [Esto] incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país”.

Asimismo, se incorporará dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

Para Guillén, la demanda por estos servicios en los niveles socioeconómicos (nse) más altos tienen un comportamiento inelástico. Esto implicaría que la tasa aumentaría la recaudación. “La “Tasa Netflix” va a aumentar los precios del consumidor y afectará a un público específico de nse medios o altos. Puede afectar a la recaudación porque los ‘streamings’ se han vuelto bastante inelásticos luego de la pandemia, se ha vuelto una necesidad para un público”, afirmó.

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Por otro lado, se planteará la eliminación del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y del Régimen Mype Tributario (RMT). En su reemplazo se crearía un régimen simplificado del Impuesto a la Renta, denominado Régimen Emprendedor, que “prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre [y que] incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones”.

Actualmente el Perú tiene un esquema tributario compuesto por cuatro regímenes principales a los que los negocios pueden acogerse de acuerdo a su tamaño: el Régimen General (RG), el RMT, el RER y el Régimen Único Simplificado (RUS). El RUS tiene un tope de S/96 mil en ingresos; el RER, de S/525 mil; y el RMT, de S/8′740.000. Los que superen la última cifra pasan a tributar mediante el RG.

Durante la gestión de Alex Contreras en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo presentó un proyecto para simplificar los regímenes tributarios, pero no fue aprobado. En este caso, el Régimen Emprendedor es el principal cambio. Por este motivo, Castilla considera que la medida no volverá a prosperar en el Parlamento. “No sé a cuenta de qué el Congreso le daría esas facultades cuando previamente le dijo que no al proyecto de Contreras. No veo una razón de fondo distinta con la propuesta”, agregó.

Por otro lado, el Ejecutivo busca la simplificación de los procedimientos administrativos en materia de inversión pública y público-privada. El proyecto prioriza diversas medidas para reducir la carga en los procesos de inversión, incluyendo en los trámites de recursos ambientales.

“Veo una ambición mucho mayor para hacer que los trámites cumplan sus plazos, en temas ambientales, en temas municipales. La cuestión es que el mismo objetivo lo tuvo el último pedido de facultades. Uno de los elementos que motiva esto es que el Perú se ubica como uno de los 15 países del mundo con más carga regulatoria y el Ejecutivo lo busca reducir”, indicó Castilla.

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Por otro lado, también propone, además, ampliar el plazo máximo de entrega en administración de puertos al sector privado. Según el documento, se deben implementar estas medidas para “optimizar los requisitos, plazos y procedimientos para impulsar el avance en la obtención de títulos habilitantes y otros requisitos para el desarrollo de proyectos de infraestructura”.

Cabe recordar que el pasado jueves el Pleno del Congreso envió de vuelta a la Comisión de Economía el proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional. La medida busca, entre otras cosas, abrir la posibilidad para que las concesiones portuarias puedan ampliarse por un plazo de 30 años adicionales (60 en total).

El proyecto de ley también incluye un capítulo de facultades en materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital. Se plantea, entre otras medidas, modificar el decreto legislativo 1095, con el fin de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno. También se contempla establecer el marco normativo para la implementación de la interoperatibilidad entre las entidades competentes en materia migratoria. Además, se propone establecer reglas para “el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en telecomunicaciones, a fin de evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios”.