El descontento social que estalló el 18 de octubre en Chile ha sido sorprendente y demoledor.
El estallido social no es de una masa uniforme con claras demandas ni liderazgos tradicionales. Se trata de un conjunto de sensibilidades reunidas por una sensación de malestar aguda, desencadenada por un aparentemente inofensivo aumento en la tarifa del metro.
En esta masa están, por cierto, los antisistema, que sueñan con destruir lo construido por el modelo aplicado en las últimas décadas, para reemplazarlo por uno de corte más social o directamente socialista. Allí caben desde los anarquistas, algunas cosmovisiones indígenas y hasta la izquierda menos tradicional. También coexiste en esta masa una fuerte reacción generacional.
Y luego está el segmento decisivo, compuesto por una clase media de reciente formación; aquellos que dejaron de ser pobres precisamente por el éxito del crecimiento económico que aportó el modelo hoy cuestionado, pero que se sienten vulnerables, pues el crecimiento de Chile ha bajado su intensidad, y con ello su posibilidad de mantener su nivel de vida.
Este vasto segmento de la población, que fácilmente es el 30%, se ha abstenido de votar en las elecciones, desprecia la política y, por ende, no tiene representación. Los antisistema buscan capturarlos y ese es el mayor riesgo para un descarrilamiento más severo del país.
Lo que sucede en Chile debe llamar a la atención y la reflexión en el Perú. Como muestra el caso chileno, los grandes indicadores no son suficientes y hasta pueden aumentar la complejidad de los desafíos del país.
Menos pobreza es, sin duda, un gran avance, pero se debe cuidar de atender las vulnerabilidades sociales de los segmentos emergentes, no solo los pobres, y mejorar la capacidad de prestación de los servicios sociales.
Chile produce el 28% del cobre del mundo y, junto al 12% que produce el Perú, forman el bloque de mayor importancia para la oferta mundial de este metal. En el corto plazo es esperable que algunas minas, puertos y carreteras, sean vulnerables a paralizaciones por reclamos sociales.
Hasta ahora el mercado mundial no ha prestado demasiada atención y el precio no ha reaccionado tan abruptamente, aunque sí ha aumentado. Pero las consecuencias mayores son las de largo plazo. El deterioro de la imagen de Chile ya ha ocurrido y, con ello, la evaluación que los inversionistas harán de los proyectos mineros hacia el futuro sea cada vez más riguroso. Una amenaza más para la inversión minera.