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El Perú se adentra en la segunda fase de los comicios electorales y la minería alista sus propuestas para el próximo Gobierno en medio de la expectativa generalizada por conocer quién lo liderará.
El Perú se adentra en la segunda fase de los comicios electorales y la minería alista sus propuestas para el próximo Gobierno en medio de la expectativa generalizada por conocer quién lo liderará.
Así, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hace votos por “trabajar de la mano con quien resulte electo”.
Esto, a fin de mejorar el posicionamiento del Perú como un “destino atractivo para las inversiones”, apunta Julia Torreblanca, presidenta del gremio minero-energético.
Del mismo modo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) busca trasladar al próximo gobierno su agenda para mejorar la competitividad minera del país, “aprovechando las oportunidades que ofrece nuestro recurso geológico”, manifiesta Juan Carlos Ortiz, vice-presidente de la institución.
En esa línea, ambos gremios coinciden en solicitar al nuevo gobernante que no dé pasos en falso en dos cuestiones específicas: la prórroga del Reinfo y la modificación del régimen de concesiones mineras.
Concesiones y minería informal
“No se debe empezar un nuevo periodo de gobierno impulsando reformas que modifiquen lo que ya funciona bien y promulgando leyes que restan competitividad al país”, manifiesta Julia Torreblanca.
Es el caso, remarca, de la iniciativa congresal que busca desestabilizar el régimen de concesiones mineras, obligando a acortar plazos para el desarrollo de nuevas minas (de 30 a 15 años).
Y es que, como puntualiza el Instituto Peruano de Economía (IPE), poner en marcha un proyecto minero en nuestro país demanda un periodo de tiempo bastante prolongado: 40 años en promedio.
Peor aún, la iniciativa legislativa busca eliminar el carácter irrevocable de las concesiones, lo cual significa, en la práctica, que un ministro o alta autoridad puede “firmar una resolución quitando una concesión a una empresa minera en cualquier momento”, alerta Ortiz.
“El próximo gobierno no puede atentar contra el régimen de concesiones que es uno de los pilares qué ha generado el desarrollo de la minería del Perú debido a su transparencia y dinamismo”, apunta el ingeniero de minas.
Igualmente grave, alerta, es que el nuevo mandatario se avenga a prorrogar nuevamente el Reinfo, porque “eso va a generar que la minería ilegal siga creciendo”.
Así, Torreblanca recordó que el Reinfo ha tenido sucesivas ampliaciones sin resultados tangibles, pues solamente ha posibilitado formalizar al 2,3% del universo de mineros informales registrados.
De esto se deduce, señala, que se trata de “un proceso pernicioso”, pues solo ha servido para que los mineros ilegales operen con total impunidad pues el Reinfo les proporciona “carta blanca para delinquir sin posibilidad de ser denunciados”.
“El Reinfo no debe abrirse ni prorrogarse nuevamente. Por el contrario, urge elaborar una nueva Ley Mape, técnica, sólida y moderna que no se convierta en un nuevo mecanismo de formalización indefinida ni de impunidad”, enfatiza la lideresa gremial.
En ese sentido, declaró que la SNMPE está presta a trabajar con el nuevo presidente o presidenta de la República a fin de garantizar que la minería formal siga siendo, “no solo principal contribuyente para el desarrollo del país sino también para el desarrollo de las personas”.
Tramitología y tercerización
Otro eje sobre el cual el IIMP pone especial énfasis es la flexibilización de la tramitología en dos grandes apartados: la exploración minera, que “debe ser considerada como muy ágil”, y la construcción de nuevas minas y ampliaciones de minas.
Según Ortiz, hay varias oportunidades de mejora, sobre todo, en lo que respecta a la repetición de los procesos de evaluación a cargo de las entidades pertinentes.
“Si esto se elimina, se puede reducir el período de evaluación desde cinco a tres años, lo que sí marcaría una diferencia con respecto a otros países competidores nuestros en minería, como Chile Brasil, Argentina y México”, sostiene.
Como complemento, el IIMP pone sobre el tapete la necesidad de contar con una Política Nacional de Minería al 2050 que posibilite el desarrollo de la cartera de proyectos mineros mediante el trabajo colaborativo entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil.
Adicionalmente, y no menos importante, la SNMPE urge al nuevo gobierno a respetar el marco legal que posibilita la tercerización en minería, la cual es necesaria para mejorar los costos operativos en el sector.
“En suma, nuestro planteamiento para el próximo gobierno se va a centrar en el fortalecimiento institucional, en mejorar el escenario regulatorio con enfoque en eficiencias y reducción de tramitología, y cerrar filas contra la proliferación de actividades informales e ilegales”, expresa Torreblanca.
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