El Enfen mantiene alerta activa y los modelos climáticos internacionales asignan más del 80% de probabilidad a que el fenómeno de El Niño se consolide plenamente entre junio y julio, con intensificación proyectada hasta el verano del 2027. El Senamhi prevé temperaturas por encima de lo normal en el litoral entre junio y octubre, con precipitaciones anómalas en la costa norte y posibles déficits hídricos en la sierra sur. Lo que viene es una certeza probabilística que impone acción inmediata.
Los impactos serán territorialmente diferenciados y sectorialmente profundos. Tumbes, Piura y Lambayeque enfrentan alto riesgo de huaycos e inundaciones que afectarán infraestructura vial, cultivos de exportación y poblaciones asentadas en quebradas. El fenómeno de 2017 nos dejó un impacto de US$4.000 millones y más de 280 mil damnificados. Los modelos actuales proyectan un evento de mayor magnitud. No hay margen para la sorpresa ni para la improvisación.
El desafío político es urgente. El nuevo gobierno se inicia el 28 de julio: en las próximas semanas debe garantizar presupuestos de emergencia ejecutables, coordinar acciones entre diversas instituciones y liberar recursos hacia las regiones más expuestas. Los gobiernos regionales deben iniciar de inmediato el descolmatado de ríos y quebradas, activar sus centros de operaciones de emergencia y reforzar los sistemas locales de alerta temprana. Las nuevas autoridades que se elijan en octubre recibirán territorios en plena emergencia climática: asumir compromisos concretos de gestión del riesgo debe ser parte de su plataforma de gobierno, no una agenda postergable.
La historia reciente es elocuente: la diferencia entre un desastre y una emergencia gestionada no depende de la intensidad del fenómeno, sino de la calidad de la preparación institucional. El Perú tiene hoy información técnica precisa, instrumentos legales disponibles y experiencia acumulada en gestión del riesgo. Lo que no puede seguir faltando es la decisión política de actuar antes de que el agua llegue. Proteger vidas frente a fenómenos climáticos predecibles no es mérito de un gobierno, es una obligación del Estado con los más vulnerables, independientemente de quién lo conduzca.
