Energía bajo asedio: Los instigadores de la violencia apuntan a activos críticos

Desde el 7 de diciembre, empero, ese número ha crecido de forma incontrolable debido a las protestas sociales que arrojan el saldo, hasta el cierre de esta edición (viernes 16 de diciembre) , de 26 personas fallecidas además de S/212 millones en pérdidas diarias para la economía, según estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE).

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Se trata, como bien señala la Defensoría del Pueblo, de un conflicto con características excepcionales pues “no plantea demandas sociales reivindicativas” sino políticas: nuevas elecciones, cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo.

De allí que estos últimos días hayamos contemplado, con estupor, el asalto a municipalidades, comisarias, aeropuertos, fábricas de alimentos e infraestructura energética, más no a los habituales blancos de la conflictividad social: las minas.

Efectivamente, en estas jornadas de caos y agitación, los medios de prensa no han reportado ningún atentado de proporciones contra la minería, excepción hecha de un asalto a la infraestructura logística de Las Bambas, en Wincho (Cusco), que se disolvió rápidamente “porque los comuneros tenían muy poca gente”, apunta Fernando Castillo, ex jefe de gestión social del Minem.

El vendaval lo sufren ahora las grandes urbes del sur y el centro del país, que se han convertido en verdaderos campos de batalla. ¿A qué se debe esta aparente tregua que experimenta la minería?

MINERÍA Y PROTESTAS SOCIALES

Desde el 28 de Julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022 – día del autogolpe fallido de Pedro Castillo – la minería experimentó muy pocos días de tranquilidad.

Fueron 16 meses en los que aconteció lo nunca antes visto: la detención de grandes minas por bloqueos y el incendio de otras, de menor tamaño, por turbas enardecidas, eventos que han mermado el valor de la producción minera en US$790 millones hasta setiembre de 2022, según cálculos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El corolario, sin embargo, es mucho peor: la pérdida de inversiones frescas porque “nadie se atreve a invertir en minería a pesar de que, macroeconómicamente, somos el país con las mejores cifras de la región”, indica Fernando Castillo.

Hoy, las minas experimentan una relativa calma, incluso, en zonas altamente problemáticas, como el sur de Ayacucho, donde hace muy poco las comunidades campesinas invadieron y retuvieron como rehenes a los 1.500 trabajadores de la mina de oro Inmaculada (grupo Hochschild).

“Antes de esta situación (la vacancia de Pedro Castillo) las comunidades se iban siempre contra la minería. Ahora están atacando instalaciones del Estado y no a las minas”, refiere Guillermo Shinno, gerente general de la mina aurífera Apumayo (Ayacucho), incendiada por vándalos en octubre de 2021.

Prueba de ello, señala, es el paro indefinido convocado días atrás por los mismos activistas que lideraron la destrucción de Apumayo, el cual no está dirigido contra la minería sino “contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte”.

E igual ocurre en Apurímac, donde los instigadores antimineros que “habitualmente suscitan problemas contra Las Bambas”, están llamando a la población a marchar hacia las calles del Cusco, añade Iván Arenas, experto en conflictos sociales mineros.

¿A qué se debe esta aparente tregua que experimenta la minería? Los especialistas en conflictos sociales lo tienen claro.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Arenas anota que los azuzadores de las protestas no buscan atacar las minas porque eso “reduciría la protesta a un conflicto social minero”. Por el contrario, lo que pretenden es llevar el caos a las calles para “convertir a estas en decisoras de la actual crisis política”.

Por esta razón, explica Castillo, es que los personajes que habitualmente hacen problemas a la minería, “se han puesto de costado” o se han movilizado hacia las ciudades y los proyectos de infraestructura más sensibles para el país: los aeropuertos, las plantas de electricidad y los activos gasíferos.

“Esta no es una estrategia de las comunidades, sino de los más radicales, como el Movadef (organismo vinculado con Sendero Luminoso), que busca paralizar al país en la zona urbana y energética”, remarca Arenas.

Muestra de ello es lo que viene ocurriendo con la infraestructura eléctrica en el sur del país, la cual comenzó a ser atacada desde los primeros días de las protestas regionales.

Es el caso de la subestación eléctrica de Friaspata, activo que viabiliza el suministro de energía para la región Ayacucho y zonas aledañas.

El 12 de diciembre, una turba de 600 manifestantes intentó capturar esta infraestructura, felizmente, sin el menor resultado. Tres días después, no obstante, otra partida de 400 manifestantes invadió la Central Hidroeléctrica del Mantaro (Huancavelica), la más grande del Perú, con el propósito de paralizar sus operaciones.

“Lo que no sabían - refiere una fuente del sector eléctrico - es que el cierre del Mantaro no representa un problema para el sistema porque existe suficiente reserva (a diésel) para atender la demanda sin problemas”.

Desconocedores de esto, los manifestantes pidieron leer una proclama a través de Radio Programas del Perú, exigiendo el cierre del Congreso, la renuncia Dina Boluarte y la libertad de Pedro Castillo, tras lo cual se retiraron.

Varios kilómetros más allá, sin embargo, atacaron otro activo eléctrico, la subestación Colcabamba, la cual inyecta la energía producida por otra gran central hidroeléctrica en Huancavelica.

ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

Lo que sorprende, según todos los especialistas consultados para este informe, es el cuidado con el cual los manifestantes escogen estos blancos, pues se trata, en su mayor parte, de activos críticos nacionales (ACN).

Es decir, de “infraestructura indispensable para desarrollar las capacidades nacionales”, las cuales no tienen reemplazo y cuyo deterioro o destrucción sería catastrófico, anota César Gutiérrez, experto en energía.

A entender de Cesar Butrón, presidente del COES, estamos presenciando una estrategia estudiada y para nada espontánea, pues quienes realizan estos ataques no están “tan perdidos como otras veces”, cuando “no sabían por dónde atacar, pero ahora sí saben dónde”.

Víctor Saavedra, ex asesor de planificación de PDVSA, ve en esto la mano de asesores foráneos, duchos en estrategias de sabotaje, los cuales han aprendido esta ciencia en Venezuela y otros escenarios latinoamericanos.

Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, ve, por su lado, la mano de operadores del gobierno anterior, los cuales han tenido tiempo, en el último año y medio, para “analizar dónde están las debilidades del país”.

El acoso reiterado, desde el pasado 13 de diciembre, a otro activo crítico nacional: el complejo gasífero de Camisea, abona a estas hipótesis.

Por todo ello, Butrón solicita al Gobierno que destaque a las fuerzas del orden para resguardar estos y otros activos críticos nacionales, incluyendo aquellos que “no fueron considerados en la lista (de ACN) cuando esta se armó” cinco o seis años atrás.

“Estos activos ya están identificados, pero hay muchos de ellos sin protección y esa protección es urgente porque tenemos información, de varios puntos del sistema eléctrico, de que muchos pobladores se están reuniendo para capturar infraestructura que es clave”, apunta Butrón.

Consultado por este diario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que ya ha realizado las coordinaciones respectivas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, desde el día lunes 12 de diciembre, a fin de resguardar los ACN.

Esto incluye, también, el resguardo del gasoducto de Camisea, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

ACOSO CONTRA CAMISEA

El pasado 13 de diciembre al mediodía, cerca de 140 manifestantes tomaron por asalto la planta compresora de gas natural de Kamani (Kepashiato, Cusco), en el ducto de TGP.

Los atacantes ordenaron el cierre de la planta compresora, circunstancia que provocó la reducción del flujo de gas natural hacia la costa en cerca de 18% (de 1.540 a 1.275 millones de pies cúbicos diarios de gas natural) y la paralización inmediata de las actividades de exportación en Pampa Melchorita (Peru LNG), ordenada por el Minem con el fin de abastecer la demanda local.

De acuerdo a TGP, la situación se encuentra controlada, pero en días posteriores los manifestantes intentaron capturar también la planta compresora de Chiquintirca (Cusco) y la planta de producción de Malvinas, en el corazón de Camisea.

Según las fuentes consultadas, un eventual cierre de Chiquintirca reduciría el flujo de gas natural para las plantas termoeléctricas del nodo de Chilca en un 30%, aproximadamente. Aseguraron, sin embargo, que esto no produciría apagones debido a que la reserva fría a diésel se activaría y sostendría el sistema, si bien a un muy alto costo (las centrales a diésel son caras y contaminantes).

El ataque y captura de más activos críticos de gas natural, empero, sí agravaría sobremanera las cosas.

Si el suministro del gas de Camisea se interrumpe, alertan los especialistas, un tercio de los hogares se quedaría energía eléctrica. Pero no sólo eso, Luis Espinoza estima que cada día sin gas natural provocaría un 4% de alza en las tarifas eléctricas para todos los usuarios eléctricos, regulados (industrias) y no regulados (hogares y comercios).

Por lo pronto, el cierre de Kamani complica el abastecimiento de gas natural para los hogares y comercios del sur y el norte del Perú, particularmente, para 800 mil peruanos que reciben este servicio en La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca, advierte Quavii.

Al momento de publicarse este informe, El Comercio supo que los manifestantes que exigen el cierre del Congreso han convocado una movilización de dos días en la zona del VRAEM, lo que podría incrementar el riesgo de daños para el ducto de TGP.

El Minem asegura que existe la garantía de resguardo de las fuerzas del orden.