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¿La guerra entre eléctricas ingresa a su recta final?

Esta semana será crucial para las generadoras eléctricas. No sólo se espera el debate congresal de la Ley Alcalá, sino también la nueva declaración anual de precios del gas

Empresas eléctricas (Foto: Julio Ángulo / El Comercio)

Empresas eléctricas (Foto: Julio Ángulo / El Comercio)

Los ánimos se caldean en el sector eléctrico, conforme se acerca el momento de debatir la denominada “Ley Alcalá” (P.L. 2320), propuesta congresal -promovida por un grupo de eléctricas- que ha polarizado al sector en dos bandos casi irreconciliables.  

Por un lado, los tres grandes generadores de energía del país: Kallpa, Enel y Engie, cuyo punto de vista (opuesto al proyecto) es apoyado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Osinergmin y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

Y por otro lado, un grupo heterogéneo de hidroeléctricas, térmicas, eólicas y distribuidoras de energía, que solicitan cambios regulatorios urgentes para “terminar con las distorsiones en el mercado eléctrico”.  

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En esta esquina se encuentran Luz del Sur, Celepsa, Statkraft, Huaura Power Group, Fenix Power, Tres Hermanas y Termochilca, empresas que acaban de suscribir una misiva a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso en tal sentido. 
¿Qué solicitan los firmantes?

EL COSTO DEL GAS
En esencia, auditar los costos de producción de las centrales térmicas a gas para evitar que declaren números por propia iniciativa, una prerrogativa que el marco legal les concede y que estaría determinando declaraciones de costos sumamente bajos (cercanos a cero) desde hace dos años.  

Consecuencia directa de ello serían los precios mínimos históricos registrados en el 2017 y el 2018 en el mercado spot (que se fija en función del costo de producción de la última máquina que despacha energía al sistema: generalmente, una térmica a gas).  

Según Luz del Sur, se trata de una situación que golpea fuertemente a las empresas que no han firmado contratos y deben vender sus excedentes de producción en el mercado spot (hidroeléctricas y pequeñas térmicas); y que beneficia a sólo tres empresas, que sí tienen contratos y recurren al spot para proveerse de energía barata: Engie, Enel y Kallpa.  

Daniel Cámac, vicepresidente de Engie, explica que esta dinámica es el resultado de una estrategia comercial implementada por aquellas tres empresas para capear la crisis del sector. 

“Este no es un conflicto entre térmicas e hidroeléctricas, sino de empresas que tienen contratos y empresas que no los tienen. El sector de generación es de competencia y solo ganan los que asumen riesgos”, agrega Kallpa. 

No todas las térmicas piensan, sin embargo, de igual forma.

LA 'LEY ALCALÁ'
Juan Miguel Cayo, gerente general de Fénix Power, apunta que esta no es una guerra entre empresas con más o menos contratos, sino entre “aquellas que fijan el precio spot (en tanto manejan tres cuartas partes de la declaración del precio del gas) y el resto”. 

Este razonamiento condujo en el 2017 a un primer pedido de reforma del mercado spot, que el MEM atendió conformando una comisión multidisciplinaria, primero, y emitiendo un decreto supremo, después. 

El resultado, sin embargo, no satisfizo a ninguna de las partes.
Defraudadas en sus expectativas, las hidroeléctricas y pequeñas térmicas recurrieron al congreso para mover el tema.  

El resultado es la “Ley Alcalá”, que propone auditar todos los costos –fijos y variables– de la producción de gas para propiciar la subida del precio spot (en US$17 MWh) y reducir las tarifas de luz en 4% o 5%. 

Se trata, sin embargo, de una iniciativa que no cuenta con el visto bueno del MEM, Osinergmin ni tampoco de algunas de las empresas firmantes de la misiva al Congreso, como Termochilca.  

“Consideramos que la propuesta del congresista Alcalá tiene buena intención, pero posee un error de fondo, que es incluir los costos fijos (suministro, transporte y distribución de gas) en la composición del precio spot”, explica Tatiana Alegre, gerenta general de la empresa térmica. 

En su opinión, el objetivo debe ser eliminar la declaración de precios del gas, pero manteniendo el mismo sistema de costos variables “que ahora tendrán que ser auditados”.

EL MEM ENTRA A TALLAR
La solicitud llega en un momento expectante, no solo por el debate de la “Ley Alcalá”, sino porque este 14 de junio tendrá lugar la nueva declaración anual de precios del gas, que definirá el costo de este combustible por los próximos 12 meses. 

Anticipándose a este evento, el MEM se ha propuesto asir el toro por las astas creando una Comisión de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE).

“Es por ello que en los próximos días publicaremos una resolución suprema (RS) que crea la CRSE, la cual propondrá modificaciones a las normas y reglamentos que rigen al sector”, señaló el MEM en exclusiva para Día1.

Detalló que esta comisión contará con la participación de Osinergmin, la PCM y el MEF.

Su compromiso será poner en vigor, en menos de 6 meses, las primeras medidas con las que se mitigarán temporalmente las distorsiones del marco regulatorio, mientras se prepara la reforma integral para corregir los problemas estructurales.  

‘LEY ALCALÁ’: EFECTOS EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
​La rebaja en las tarifas eléctricas residenciales ha sido el caballo de batalla de las empresas que apoyan la Ley Alcalá. Y no les falta razón, pues es unánimemente aceptado que ello ocurrirá. 

La diferencia está en la magnitud de estimaciones. Según aquellas, el proyecto generará ahorros de S/4,6 por cada S/100 soles facturados. De acuerdo a Osinergmin, sin embargo, el ahorro sería de apenas S/0,5 por cada S/100.

Daniel Cámac advierte, además, que el proyecto de ley no considera el impacto en las tarifas industriales, que se elevarían en 40%, ni el efecto negativo de largo plazo en las tarifas residenciales, que se hará sentir después de 2021 y 2023, cuando se empiezan a vencer varios contratos de distribución.

“Esto significa que las distribuidoras tendrán que licitar energía en un contexto de precios más altos en el mercado mayorista”, anota Kallpa.
Kallpa y Engie estiman que el efecto adverso en las tarifas de luz, debido a esto, será de 10%.

Para Juan Miguel Cayo, empero, se trata de estimaciones que no se sostienen por una sencilla razón: losmercados spot, regulado y libre son entidades separadas que no se afectan entre sí, salvo por la Prima RER.

“Esto no es como el mercado de papas, donde una subida (del precio) de la papa en el mercado mayorista origina una subida de la papa en el supermercado”, refiere.

A su entender lo único cierto es que la tarifa regulada va a bajar (por efecto dela reducción de la Prima RER), mientras que la industrial no va a cambiar.

Igual opina Mario Gonzales, gerente de desarrollo de Luz del Sur. “Quien haya hecho ese análisis tendrá problemas para sustentarlo, porque ningún proyecto de ley puede imponer un aumento tarifario”, anota.

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