La designación de Petro-Perú como garante corporativo (aval) de Altamesa Energy en el lote 192 (Loreto) podría comprometer la sostenibilidad financiera de la petrolera estatal y dificultar el cumplimiento de sus metas fiscales, presupuestales y de liquidez, establecidas en el último salvataje que le brindó el Gobierno (D.U. 013-2024).
Esto, debido a que se está comprometiendo al pago de las obligaciones económicas generadas por Altamesa, en “un contexto de severas restricciones financieras que atraviesa la empresa”, advirtió la Contraloría de la República en un informe de oficio difundido ayer.
En particular, el órgano de control alertó el posible incumplimiento de las medidas de austeridad y optimización a las que se ha comprometido Petro-Perú.
Es el caso de la reducción de sus gastos operativos y del buen manejo del endeudamiento avalado por el Gobierno Nacional.
Cabe recordar que la empresa estatal se comprometió (Artículo 6.1 del DU 013-2024) a reducir sus costos y gastos en 30% durante el 2025, en comparación a “la ejecución del presupuesto de gastos del año 2024”.
En tal sentido, la Contraloría remarcó que no ha encontrado evidencia que sustente que la decisión adoptada por Petro-Perú, de convertirse en garante corporativo de Altamesa, ha “contado con un análisis técnico-financiero que respalde la conveniencia de tal medida”.
“Esta decisión debió de analizarse críticamente en función de su alineamiento con los objetivos estratégicos de Petro-Perú, particularmente en lo relativo a su sostenibilidad financiera”, expresó.
Altamesa Energy se fue del lote 192 debiendo meses de salarios a comuneros y empresas proveedoras internacionales. Estas obligaciones serían asumidas por Petro-Perú.
Más aún, el órgano de control alertó que cualquier acción futura por parte de Petro-Perú, como la recuperación de deudas (de Altamesa) o la búsqueda de un nuevo socio estratégico, podría representar un riesgo adicional, pues al convertirse en garante corporativo, “asume responsabilidad solidaria o subsidiaria frente a obligaciones que originalmente correspondían a Altamesa Perú”.
PETRO-PERÚ AÚN EN EVALUACIÓN
El informe de la Contraloría se difundió el mismo día (15 de abril) en que Petro-Perú anunció el inicio del proceso de convocatoria pública para incorporar a un socio estratégico (operador) para el lote 192.
“Este socio deberá ser una empresa petrolera con experiencia en operación de campos en el Perú y/o en el extranjero, y asumirá el rol de contratista-operador dentro del contrato vigente”, indicó la empresa estatal.
Esto, tras remarcar que ha asumido el rol de garante corporativo en sustitución de Altamesa Energy Canada “por un plazo temporal, y en tanto seleccione a una empresa petrolera reemplazante de Altamesa”.
Al respecto, Perú-Petro aclaró a este Diario que todavía no ha otorgado conformidad respecto a la constitución de Petro-Perú como garante corporativo, sino únicamente “ha dado por atendida la obligación de Altamesa de presentar un nuevo garante corporativo conforme al acápite 3.5 del Contrato de Licencia”.
“Perú-Petro aún se encuentra evaluando si Petro-Perú cuenta con las capacidades necesarias para constituirse como garante corporativo”, precisó la agencia de hidrocarburos.
Altamesa se fue del país debiendo cerca de US$30 millones a contratistas y empresas comunales. También se había comprometido a invertir US$430 en pozos de desarrollo.
