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La adversidad sigue golpeando a la puerta de Petro-Perú. Según un documento al que Día1 tuvo acceso, el pasado 22 de mayo los gerentes de la refinería y los dirigentes de Talara se reunieron para discutir las nuevas medidas de austeridad que la petrolera estaba adoptando a la luz de su ‘crítica’ situación.
Esto, pocos días después de que su presidente , Alejandro Narváez, aseverase a la prensa nacional que la empresa se encontraba “comparativamente mejor” que en administraciones anteriores.
Ese no fue, sin embargo, el mensaje que la alta dirección de Petro-Perú transmitió a los participantes de la reunión del 22 de mayo.
REDUCCIÓN DE COSTOS
De acuerdo al acta de la conferencia, a la que Día1 tuvo acceso, las deliberaciones se iniciaron con el reconocimiento explícito de la delicada situación de Petro-Perú, la cual continua “operando con pérdidas”, según se dijo.
En ese sentido, el gerente de Recursos Humanos de la petrolera, José Manuel Rodríguez, informó que se estaba procediendo a efectuar recortes en los servicios de mantenimiento, vigilancia, transporte y atención médica.
“Se retomará la compra de bicicletas, como se hacía años atrás, con el objeto de eliminar progresivamente el servicio de buses y camionetas”, señaló.

Del mismo modo, comunicó que la empresa “no cuenta con los recursos necesarios” para sostener los gastos de atención médica más allá de julio o agosto, razón por lo cual exhortaba a los trabajadores a procurar sus medicinas en farmacias afiliadas.
Hoy, se sabe que la empresa ha comenzado a restringir la atención médica para sus empleados en distintas clínicas de Lima y que ha procedido a recortar otros beneficios.
“Incluso, se ha demorado en pagar la última quincena”, apunta una fuente que no quiso ser identificada.
La crisis financiera de Petro-Perú impacta, de esta manera, en los bolsillos de los casi 3 mil trabajadores de la empresa, del mismo modo que afecta a sus socios comerciales.
Y es que “es imposible que una empresa pueda subsistir con US$2.000 millones de capital de trabajo negativo”, refiere Fernando de la Torre, ex gerente corporativo de finanzas de Petro-Perú.
IMPAGO A PROVEEDORES
En efecto, la ausencia de dinero imposibilita que la estatal pueda honrar sus obligaciones, no solo con sus proveedores de crudo y combustibles, sino también con sus proveedores de servicios.

Es el caso de las empresas locales de Talara, las cuales “viven en agonía” desde hace más o menos un año porque Petro-Perú les paga “tarde, mal o nunca”, apunta Oscar Zapata, presidente de Perucámaras.
Se trata, explica el líder gremial, de un problema bastante serio debido a que la urbe norteña subsiste gracias a Petro-Perú, pero “resulta que ahora los empresarios de esta localidad han gastado su capital, ¡y qué va a pasar ahora con ellos!”, reprocha.
Esta problemática se replicaría también en Loreto, donde la estatal estaría en riesgo de perder el suministro de crudo de su principal proveedor en la región, la peruano-canadiense Petrotal, por falta de pagos, advierte una fuente del sector hidrocarburos.
Las implicancias, si esto llega a suceder, serían considerables porque ese contrato es vital para el funcionamiento de la Refinería de Iquitos (propiedad de Petro-Perú) y para la producción de petróleo residual, materia prima que sostiene la generación de electricidad en la urbe selvática.
“Eso significa que Iquitos estaría muy cerca de quedarse sin luz”, alerta la fuente consultada.
César Butrón, presidente del Coes, apunta, sin embargo, que la situación no sería catastrófica debido a que “hay algo de capacidad (de almacenaje de residual) en Iquitos, razón por la cual el corte de energía no sería total”.

OBLIGACIONES Y DEUDAS
Todo lo dicho en estas líneas ejemplifica, no obstante, la delicada situación de la empresa estatal, agobiada por falta de dinero y ahogada por su obligación de recortar gastos (en -30% para el 2025) conforme a sus compromisos asumidos con el Gobierno.
Y a ello se añade, por si fuera poco, una nueva complicación: el vencimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por los cuatro salvatajes financieros que recibió en 2022, 2023 y 2024, y de los cuales “no ha devuelto un solo centavo”, anota Fernando de la Torre.
Hablamos de US$2.000 millones en préstamos y líneas de crédito que vencen a fines de julio y setiembre, además de S/.500 millones en documentos cancelatorios.
Ello, además de los US$170 millones que la empresa debe pagar de forma semestral a los bonistas y bancos que financiaron la construcción de nueva Refinería de Talara.
Todo esto explica las continuas visitas de Alejandro Narváez a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y también la presencia en estas deliberaciones, al menos en una oportunidad, del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien habría intermediado en favor de Petro-Perú.
¿Qué solicitan los funcionarios de la estatal?

“SOLUCIÓN ESTRUCTURADA”
El titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes, ha reconocido que las reuniones en el número 319 del Jr. Junín tienen por objetivo “garantizar que el flujo de caja de Petro-Perú siga siendo viable”.
Esto, a la luz de la crítica situación financiera de la empresa, la cual tiene su raíz en la onerosa deuda generada por la construcción de la nueva Refinería de Talara, proyecto que empezó costando US$1.300 millones y que termino montando más US$6.500 millones.
De acuerdo a Pérez-Reyes, la labor del MEF “no implica ir al rescate de Petro-Perú”.
"Estamos trabajando con Petro-Perú para ver una solución más estructurada que le permita resolver la problemática financiera para los próximos tres o cuatro años y que evite, justamente, tener problemas de caja puntuales“, manifestó a Reuters.
Para, Carlos Paredes, expresidente de Petro-Perú, se trata, sin embargo, de una “discusión semántica más que económica”, porque es evidente que el la estatal no puede subsistir sin una nueva ayuda del Estado. ¿Pero, de qué forma?
Lo concreto, sostienen todas las fuentes consultadas para este informe, es que la administración de Alejandro Narváez viene solicitando dinero y/o garantías al MEF desde la gestión de José Salardi.

En ese entonces, detallan, el pedido de Petro-Perú ascendía a US$150 millones, presumiblemente, para pagar la cuota semestral de su deuda con los bonistas y bancos (US$170 millones) que vencía el 31 de junio.
Lo aparente, indica César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú, es que la estatal ya habría cancelado dicho compromiso de su propio peculio, y lo que estaría haciendo ahora es reclamar lo gastado para cubrir la “brecha adicional” en su caja.
De acuerdo a otra fuente del sector, sin embargo, lo que la estatal estaría solicitando ahora sería un monto más grande: US$500 millones, aproximadamente, para reponer su capital de trabajo.
NUEVAS GARANTÍAS
Según esta interpretación, el MEF se habría negado a librar dicha suma. Sin embargo, estaría dispuesto a ‘patear’ hasta el 2028 el vencimiento de las obligaciones de Petro-Perú y a concederle nuevas garantías financieras con cargo al Banco de la Nación.
De hecho, trascendió que varias entidades bancarias y, en especial, un banco grande de EE.UU., estarían esperando esta señal del MEF para conceder crédito a Petro-Perú.
El otorgamiento de estas nuevas garantías, apunta una fuente del sector, brindaría tranquilidad a dicho banco para que libre el préstamo y enviaría, al mismo tiempo, un “mensaje a los otros bancos y proveedores para seguir otorgando crédito a Petro-Perú, en el entendido de que el Estado siempre va a estar presente para ayudarle”.

Tal sería la “solución estructurada” del MEF para aliviar la situación financiera de la estatal por los próximos tres o cuatro años.
Hablamos, en resumidas cuentas, de un nuevo rescate, pero que no requeriría desembolsos de dinero ni costos para el Estado. Al menos, en teoría.
Los especialistas citados para este informe calculan que este nuevo salvataje se haría efectivo luego de 28 de Julio mediante la firma de un nuevo Decreto de Urgencia.
Esto, para dar tiempo a la designación de un Chief Transformation Officer (CTO) en Petro-Perú, el cual tendría la misión de “ejecutar una transformación profunda del modelo de negocios de la empresa”, apunta Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Esta y otras iniciativas, como la reducción de costos operativos, la venta de activos no esenciales y la gestión profesional del Oleoducto y la refinería de Talara, ayudarían a que la empresa retome su viabilidad financiera, apunta el líder gremial.
“Petro-Perú es un paciente que se ha estabilizado pero sigue en situación crítica y necesita cirugías mayores”, anota.
Al cierre de esta edición, se supo que los bancos interesados en prestar dinero a la estatal estarían revisando sus números, por lo que el otorgamiento de garantías por parte del MEF se haría más perentorio.
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