La piratería es un problema serio que afecta a nuestra sociedad y economía nacional, aunque pocos conocen su magnitud real. A nivel mundial, el mercado de productos falsificados ocasiona pérdidas cercanas a US$600 mil millones. En Latinoamérica, Perú ocupa el primer lugar en el uso de estos insumos, siendo particularmente grave la comercialización de dispositivos eléctricos adulterados.
Un estudio realizado en junio por DEE Consultores a solicitud de Indeco by Nexans revela el alcance devastador de esta problemática en Perú: el mercado de productos eléctricos falsificados ocasiona pérdidas anuales de hasta S/9.709 millones, lo que representa el 0,97% del PBI.
Estimando que el 30% de los dispositivos eléctricos que ingresan al país (cables, alambres de cobre y aluminio, interruptores y conmutadores) son adulterados, el estudio calcula que este mercado ilícito es responsable de la destrucción de 194.939 empleos formales cada año.
Además, el Estado deja de percibir S/70,4 millones en recaudación fiscal, recursos que podrían invertirse en infraestructura y servicios públicos que mejorarían la calidad de vida de millones de peruanos.
Pero los problemas no se limitan al ámbito económico: a nivel nacional se registra un promedio de 31 incendios cada día y, según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el 70% de estos incidentes se debe al uso de instalaciones eléctricas deficientes, entre las cuales se incluyen productos potencialmente falsificados.
¿Cuántos futuros se ven negados por este flagelo? ¿Cuántos hospitales o colegios se podrían construir con recursos que terminan en los bolsillos de personas sin escrúpulos?
Para mitigar esta problemática es imprescindible actuar en distintos frentes. En primer lugar, los consumidores deben estar informados acerca de las repercusiones del uso de productos eléctricos adulterados. La educación y la concientización son herramientas fundamentales para cambiar la mentalidad del consumidor y reducir la demanda de productos falsificados.
De forma paralela, se deben fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados del control. Actualmente, existe una deficiencia en cuanto al conocimiento de los sectores que se deben regular, lo cual impide una vigilancia eficaz. Es crucial que las autoridades comprendan los efectos del mercado ilegal y vayan más allá de lo que establece la normativa vigente. Solo mediante la acción conjunta del Estado, el sector privado y la sociedad civil podremos frenar este flagelo que tantas vidas y sueños nos arrebata. Debemos actuar ahora.
