"Si algo ha terminado de dibujar el rostro del novel poder del Estado, esto ha sido la actitud mostrada con respecto al retiro de fondos de las AFP por el coronavirus". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Si algo ha terminado de dibujar el rostro del novel poder del Estado, esto ha sido la actitud mostrada con respecto al retiro de fondos de las AFP por el coronavirus". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Aleksandar Brcic

Para aquellos que durante los meses de interregno parlamentario pudieron olvidar el ritmo del Congreso peruano y sus recurrentes iniciativas cortoplacistas, el recién instalado Poder Legislativo llegó para recordarnos por qué sus antecesores fueron la institución con la peor aprobación del país. Y es que en el Perú puede cambiar la composición de las fuerzas políticas en el hemiciclo, pero mejorar la calidad legislativa es aún una tarea de largo aliento.

En menos de un mes –y en una coyuntura que no ha permitido identificar voces particulares desde los escaños–, el Congreso nos regaló a tres parlamentarios y a familiares suyos abordando un vuelo humanitario al Cusco. La solicitud, extendida por el Parlamento a las Fuerzas Armadas a pedido de los mismos legisladores involucrados, era para trasladar a ciudadanos en situación vulnerable varados en la capital tras la declaratoria del estado de emergencia. Algunos, sin embargo, lo tomaron como movilidad de regreso luego de la ceremonia de juramentación. Uso indebido de recursos públicos para beneficio personal: check.

Así también (y como si no se hubiera enterado de la situación de emergencia que vive el país), apenas ocho días después de iniciar funciones, el congresista del partido Podemos, Orestes Sánchez, presentó un proyecto de ley para que el tercer domingo de cada año se celebre el día nacional de la oración en el Perú (cuya descripción, según el proyecto de ley, implica instaurar “un día de clamor a Dios para bendecir a nuestra nación”). Nulo sentido de urgencia en plena emergencia sanitaria: check.

Pero si algo ha terminado de dibujar el rostro del novel poder del Estado, esto ha sido la actitud mostrada con respecto al retiro de fondos de las AFP por el coronavirus. Como se recuerda, tras decretar el aislamiento social obligatorio y para brindar mayor liquidez a la ciudadanía en un contexto de inminente crisis global, el Ejecutivo decretó una medida que autoriza el retiro de S/2.000 de las cuentas de fondos previsionales para aquellos que hubiesen dejado de aportar al sistema privado de pensiones durante por lo menos seis meses (asumiendo, de manera correcta, que aquellos que siguen aportando reciben un salario en planilla).

Para el Congreso, sin embargo, esta medida no fue suficiente. Así, entre los varios proyectos de ley con los que abarcaron el tema, el que más consenso logró fue uno que permitía la libre disposición del 25% del dinero en el fondo que cualquier persona tuviera en una AFP. Una medida con un costo enorme para la economía nacional.

Tras mucho sudor del Ministerio de Economía y Finanzas y la intervención de otros especialistas, el miércoles pasado la Junta de Portavoces del Congreso realizó un pequeño ajuste a la propuesta y fijó un tope al retiro (no podrá superar los S/12.900). Pero más allá de eso, el tema no se discutió porque el Parlamento decidió exonerar la propuesta del análisis en comisiones y aprobó que pase de frente al Pleno.

Acá no bastaron los avisos del MEF, ni las llamadas de alerta del presidente del Banco Central sobre las implicancias que traerá la medida en el valor de los bonos del país. Tampoco las explicaciones de un gran consenso de economistas que indican que conseguir la liquidez para financiar un retiro de esa magnitud requerirá vender acciones y bonos en momentos en que el mercado está más golpeado (porque el dinero de las AFP está invertido, no se encuentra en una cuenta bancaria).

La propuesta del Congreso fue aprobada entre aplausos el viernes (ignorando la medida de aislamiento social, además). Improvisación legislativa y mínimo interés de escuchar argumentos: check.

Pese a que su labor durará apenas año y medio y que sus propuestas no tienen capacidad de gasto, el costo que puede generar el nuevo Parlamento es enorme (más todavía ahora que empiece la campaña electoral). Pero, en una democracia sin partidos sólidos y con congresistas que no podrán presentarse a la reelección, cuando les toque responder por los platos rotos que dejarán sus medidas, eso será problema de otros.

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