La emergencia energética puso luces sobre una realidad: nuestro país se gestiona, desarrolla y crece sin planes de contingencia. Se repiten los escenarios, aunque con enormes diferencias, en el cortocircuito de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez en el 2004.
Las consecuencias de la deflagración se desarrollan en diferentes frentes y todavía no es posible contabilizarlas. Lo que preocupa, desde esta columna, es que no estamos dimensionando lo que significa confiar en la disponibilidad de los 70 millones de pies cúbicos que se encontraban en el ducto para atender las demandas económicas, productivas y comerciales que no pueden detenerse.
Así, se impactan los taxistas, que de un día para otro se encontraron prohibidos de cargar GNV. Se impactan también las más de 1.000 empresas, incluyendo las de alimentos y bebidas, que tuvieron que parar. Otras, asumieron el gasto de migrar al diésel o al GLP. En la vorágine, el diésel se disparó.
¿Subirán los precios de los alimentos y bebidas? Todo depende de los stocks y de la capacidad que tengan las compañías para no trasladar las alzas a los consumidores.
Sí, aunque hoy suene descarado, en 20 años no hemos agilizado un plan de seguridad energética ni tampoco la construcción de un segundo gaseoducto. No solo la inestabilidad política y el cambio de autoridades en sectores clave han abonado a esta carencia, sino que la mirada de largo plazo en la planificación estatal es un bien extinto. ¿Cuánto tiempo tiene un presidente en el Perú para planificar y ejecutar? Y peor aún, ¿cuánto tiempo tiene un ministro o viceministro?
Lo ocurrido debe ser un llamado a proteger la estabilidad política que permita planificar y estructurar políticas públicas e inversiones clave como la exploración energética. Además, debe llamarnos a no perder de vista la mirada descentralizadora con la que se diseñan los planes comerciales empresariales y con la que se implementa el abastecimiento de bienes. Pero, sobre todo, es importante eliminar el cortoplacismo, y revalorizar la planificación y protección de nuestra economía.
