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La urgencia: un buen gobierno corporativo

La implementación de planes anticorrupción en las empresas es básica. El Perú aún está rezagado frente a la región.

Según BDO, el 50% de los casos de corrupción empresarial en el Perú está en investigación preliminar, la otra mitad en etapa judicial.

Según BDO, el 50% de los casos de corrupción empresarial en el Perú está en investigación preliminar, la otra mitad en etapa judicial.

Los continuos destapes de corrupción -con algunas grandes empresas como protagonistas- han generado que la lucha contra la corrupción se haya convertido en un tema medular en la agenda del país.

Según la última Encuesta Global sobre integridad en los negocios de EY, el 82% de los ejecutivos consultados reconoció que prácticas como el soborno o la corrupción están muy extendidas en las empresas en el Perú. No solo eso. El 24% (podría decirse que uno de cada cuatro) de los encuestados justificaría atenciones o cortesías indebidas a terceros con el objetivo de evitar una caída en los resultados financieros de su compañía. Ante ello, la implementación de prácticas anticorrupción dentro del buen gobierno corporativo se hace más que urgente. ¿Cómo vamos?

Desde el 2016, existe en el país la Ley 30424, la cual sanciona a las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, aunque exime de responsabilidad al dueño de la empresa si es que ha adoptado un modelo de prevención de corrupción. La norma, de ese modo, buscaría combatir la corrupción a través de sistemas de prevención al interior de la organización. ¿De qué manera?

Incentivar a que las empresas desarrollen un sistema de buen gobierno corporativo (BGC), con un enfoque en ‘compliance’, planes anticorrupción, antisobornos y gestión de riesgos.

¿AVANCES?

Aunque el tema cobra particular relevancia en esta coyuntura, el mercado como tal está hablando de las prácticas de buen gobierno corporativo, desde hace unos cinco años atrás. Y ahora aun más, refiere Aracelli Paulino, gerenta de gobierno corporativo de EY. “Observamos una movida positiva”, refiere la ejecutiva. 

No obstante, Juan José Dorich, director del área de compliance de la consultora BDO en el Perú, indica que si bien se han dado avances por el lado de algunas empresas privadas, la disposición de la norma no se está traduciendo en una celeridad de implementación de programas de compliance. La demora en la reglamentación de la Ley 30424 habría generado que baje el ritmo, apunta.

“Se ha desacelerado un poco respecto a la urgencia actual de implementar estos mecanismos en las organizaciones. Las empresas han bajado la guardia”, sentencia Dorich. Las motivaciones, además, han cambiado. Algunas se guían más en incorporar programas de integridad para participar en el Estado, ya que eso les favorece en los puntajes. No va tanto por un tema cultural, cuestiona.

Asimismo, comenta que, contrario a lo que él creía, otros países avanzan más rápido: Argentina tiene una norma de responsabilidad administrativa, ya regulada, por citar un ejemplo.

“Las empresas han bajado la guardia (en cuanto a implementar prácticas de BGC). Se ha desacelerado un poco respecto a la urgencia actual”, indica Dorich.

“Acá algo está frenando esta correcta implementación, [esto] es grave. No hay razón para que no se reglamente, muchas normas son buenas, pero si no se reglamentan, caen en un limbo que las empresas no queremos”, indica.

A pesar de ello, el ejecutivo resalta que existe la parte del ámbito privado que también hace lo suyo, que demuestra un genuino interés de trabajar los programas de compliance, a fin de diferenciarse y desarrollar una cultura de integridad en la compañía. 

Algunas son las reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que forman parte del índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), refiere. En el caso de estas compañías, reportan sus avances respecto al buen gobierno corporativo, comité de riesgos, auditoría interna, cuentan con un código de conducta y canales de denuncia. “Están a un mayor nivel en cuanto a compliance, diferente al grueso de empresas en el Perú”, añade.

Por su parte, Aracelli Paulino, de EY, remarca que tener un buen gobierno corporativo implica todo un proceso. Las empresas tienen determinados niveles de desarrollo y de madurez hacia ese camino.

En el Perú, actualmente, estas prácticas no están aún a nivel normativo, pese a que se promulgaron algunas iniciativas que dan buenas señales. Más bien la implementación de planes anticorrupción dentro del BGC de las empresas es optativa y voluntaria, supervisadas por la SMV, explica la ejecutiva. 

Si nos comparamos con los otros países de la Alianza del Pacífico, el Perú queda algo relegado. De acuerdo a una encuesta realizada por EY a reguladores, banqueros y especialistas, el país mejor evaluado en supervisión de BGC es Chile.

RETOS EN CAMINO

Dorich recuerda que contar con prácticas de buen gobierno corporativo no garantiza que se incluyan programas anticorrupción.

“Hay compañías con programas de gobierno corporativo implementados, pero que avanzaron casi nada en cuanto a anticorrupción. Incluso si revisamos los reportes de la SMV, podremos notar que la gestión integral de riesgos aún está a medio camino”, señala. Es un tema muy importante de revisar, las empresas tienen claro que es necesario, precisa.

Para Paulino, es importante considerar que contar con un buen gobierno corporativo también puede generar rentabilidad. Una clara muestra, argumenta, son las acciones de las empresas que están en el índice de buen gobierno corporativo de la BVL: “Las acciones de estas empresas tienen un 19% mejor desempeño que las demás”. Por ello, la especialista de EY sugiere que es posible elaborar indicadores que puedan aterrizar la relación entre ambas variables (rentabilidad y BGC).

Las cifras de la corrupción

  • Empresas bajo la lupa: Según BDO, el 50% de los casos de corrupción empresarial en el Perú está en investigación preliminar, la otra mitad en etapa judicial.
  • Fraudes internos: El 16% de las empresas peruanas ha sufrido un fraude significativo en los últimos dos años, según encuesta global sobre integridad en los negocios, de EY. La cifra es 14% cuando hablamos de Sudamérica en general.

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