En las últimas semanas hemos comprobado, otra vez, cuán vulnerable es el país frente a sismos, lluvias intensas, inundaciones y sequías. Se discute la prevención, lo que evita que un fenómeno natural se vuelva desastre, y la atención de la emergencia: rescatar, socorrer, llevar agua y techo. Pero hay una tercera etapa de la que casi no se habla: el retorno a la normalidad, cuánto tardamos en recuperar el ritmo de vida y trabajo.
Es la etapa decisiva. El mayor costo no está en el rescate, sino en el tiempo que tardan familias y empresas en recuperar su ingreso. Y ese tiempo no depende de la magnitud del fenómeno, sino de decisiones tomadas mucho antes de que ocurra. De los 194 proyectos transferidos por el Niño costero de 2017, solo un cuarto está concluido; la Contraloría halló que 32 obras costaron 140% más y tomaron más de cuatro veces el plazo previsto. No faltaron recursos, faltaron expedientes, capacidad y contratos.
Hay dos frentes que prever. El primero es público: restablecer los servicios básicos como agua, electricidad, telecomunicaciones, carreteras y caminos, postas médicas y escuelas, porque sin ellos no se rehabilita una vivienda ni se reabre una fábrica. Eso exige expedientes técnicos aprobados antes de la emergencia; contratos marco preadjudicados, donde la norma lo permita, activables con un gatillo predefinido; y caja para pagar a tiempo: cuando una obra se detiene porque el Estado no paga, el daño ya no lo causa la naturaleza. Además, se necesita una ventanilla única para reponer documentos y títulos, y padrones al día: la ayuda monetaria debe llegar en días, no en meses ni años.
El segundo frente es privado, porque no todo depende del Estado. En las empresas, sostener la producción requiere lo que las grandes y medianas suelen tener y las pymes casi nunca: plan de continuidad, proveedores y rutas alternas, pólizas vigentes, registros digitalizados fuera del local y apoyo mutuo en el gremio. En los hogares, reponer la vivienda con criterio técnico y fuera de la zona de riesgo exige asistencia técnica y financiamiento previstos, no un bono a destiempo; y proteger los enseres, el auto o las herramientas de trabajo supone tener seguros y guardar copia de los documentos de propiedad. Quien llega al desastre con sus papeles en orden vuelve a la normalidad con mayor rapidez.
Prevenir y atender la emergencia seguirán siendo indispensables, pero la verdadera medida de nuestra resiliencia será cuánto tardamos en volver a la normalidad. Esa cuenta empieza hoy, no el día del desastre: con expedientes aprobados, contratos listos, metas de restablecimiento públicas y planes de continuidad escritos en cada empresa y cada hogar. Lo que hoy parece papeleo será, el día después, la diferencia entre un país que se levanta en meses y otro que tarda años.
