Así avanza el debate sobre norma que sustituirá el D.U. 003

A falta de menos de una semana para que caduque el decreto de urgencia (D.U.) 003, el Gobierno presentó el miércoles un proyecto de ley que buscará tomarle la posta. Esta iniciativa incluye cambios como ampliar el alcance de la norma, la creación de fideicomisos de garantías e, inclusive, el impulso a la figura de la colaboración eficaz para empresas.

Los congresistas no fueron ajenos al debate: Miguel Torres, parlamentario de Fuerza Popular, planteó que dicho proyecto sea debatido recién en marzo y se inicie en la segunda legislatura.

Por su parte, Jorge del Castillo —congresista del APRA— destacó la medida en cuanto permite la continuidad de obras y protege los intereses del estado. Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, también dijo apoyar la medida pero mostró su preocupación por la celeridad en la que esta busca ser aprobada.

De otro lado, Lourdes Alcorta y Milagros Salazar, parlamentarias de FP, criticaron el hecho de "último momento" y al primer D.U. que emitió el Gobierno y que "no sirvió de nada.

SECTOR EMPRESARIAL

El nuevo proyecto fue bien recibido por los gremios empresariales, que consideran crucial evitar la parálisis del sector construcción. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, afirmó que el Ejecutivo apunta en la dirección correcta.

“Estamos a favor de que se dé la legislación para que las obras se sigan ejecutando. Se pierden muchos empleos y la cadena de pagos se rompe. Hay que hacer cualquier esfuerzo para que las obras continúen, pero eso no significa que no rechacemos los actos de corrupción”, dijo.

Por su parte, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL y la Asociación Automotriz del Perú también manifestaron su apoyo al proyecto de ley.

ESCOLLOS
Benavides anotó que la aprobación de la norma debe ser coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, el riesgo en este punto es que no se puede prever la reacción del Congreso; y se podría crear un vacío legal cuando caduque el D.U. 003.

Al respecto, el titular de la Confiep observó que el Ejecutivo estaría dispuesto a lanzar un nuevo D.U. si la coordinación con el Parlamento no prospera.

Por otra parte, el presidente de AFIN advirtió dos deficiencias en la norma. La primera es que buscar el cobro inmediato de reparación civil podría ser contraproducente, pues –considera– la prioridad debiera ser que las empresas paguen a todos sus acreedores y generen flujos.

“Si no se otorga un plazo largo para pagarla, no hay forma de que se asegure la continuidad de las obras. De otra manera, se cobrará poco o nada de reparación civil”, señaló.

En tanto, advirtió que se necesita un protocolo “racional y ordenado” para calcular dichas reparaciones, de modo que no se caiga en posibles excesos. Prialé consideró que un ejemplo de reparación excesiva es la penalidad por S/3.468 millones para Odebrecht que recientemente anunció el procurador José Miguel Ramírez. Para el titular de AFIN, resulta “desmedido”, y además las asociadas en este caso no responderían.

“Una reparación desorbitada fulminaría a las empresas involucradas. Además, no se pueden establecer reparaciones sobre proyectos que no generan caja. Si no hay fuente de recursos, ¿cómo podrían pagar tamaña reparación civil? El país no gana nada con reparaciones civiles de miles de millones incobrables. Es pura pose para las tribunas”, concluyó.

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