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Empresas deberán responder por corrupción y otros delitos

El nuevo Decreto Legislativo 1352, vigente desde este mes, exigirá a personas jurídicas responder por delitos manera autónoma. Sanciones irán desde multas hasta disolución de la entidad

Corrupción

(Ilustración: El Comercio)

Como un requisito para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Congreso promulgó en abril del 2016 la Ley 30424, la cual sanciona a personas jurídicas (empresas privadas, ONG, fundaciones, etc.), de manera paralela a los juicios que pudieran tener los individuos asociados a ellas, por prácticas de corrupción de alcance transnacional.

A esta norma, el Gobierno actual le agregó varias modificaciones a través del Decreto Legislativo (D. Leg.) 1352, que entró en vigencia este 1 de enero, siendo la más importante la incorporación de seis nuevas modalidades de delitos por las cuales las entidades deberán responder. Estas están ligadas al ámbito nacional por delitos por corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Tenemos mucha corrupción en casa como para salir a perseguir a funcionarios en el extranjero, o al menos solo fijarnos en ellos. Cuando el Perú saca esta ley era como decir ‘aquí hagan lo que quieran, pero afuera por favor pórtense bien’”, sostuvo Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance.

Según explicó José Reaño, socio del Estudio Rodrigo, dependiendo de la gravedad del delito, “las sanciones irán desde multas hasta la disolución de la persona jurídica”.

PREPARACIÓN
Si bien el decreto aún no está reglamentado (la puesta en vigencia no está supeditada a la reglamentación), este establece una disposición para eximir o reducir el riesgo de las personas jurídicas: la implementación eficaz de un modelo de cumplimiento de prevención contra delitos que pudieran cometerse en beneficio de la empresa.

“No solo es un manual de 300 páginas. Hay que diseñar un mapa de riesgos, protocolos a seguir y poner un oficial de cumplimiento de manera permanente, entre otras cosas”, comentó Sierra y agregó que en el Perú no son muchas las entidades que cuentan con este sistema.
“La mayor parte de las empresas peruanas que ya tienen un sistema de ‘compliance’ están en las grandes o transnacionales”, apuntó.

En este panorama, Reaño afirmó que por el contexto de la crisis del Caso Lava Jato, las empresas locales deben tomar más conciencia para implementar este sistema.

“En el Perú, es preocupante la idea de que, porque se cuenta con políticas anticorrupción, ya se está en cumplimiento”, señaló Reaño.

Con respecto al costo de implementación del modelo en las personas jurídicas, que es visto como el principal obstáculo para generar interés en implementarlo, el socio de EY responsable de Riesgos de Integridad, Rafael Huamán, explicó que este varía según la proporcionalidad de los riesgos que enfrentan.

“Una mype no va a tener que diseñar tantos procesos de prevención como una empresa grande. El costo va de la mano con la cantidad de riesgos expuestos”, afirmó.

EFICACIA
La clave para reducir o eliminar las sanciones radica en identificar qué implica cumplir de manera ‘eficaz’ el modelo. Y esto es determinado (al menos hasta el momento, ya que se encuentra en debate en el Congreso), exclusivamente por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), explicó Huamán.

“Si se encuentra que el modelo es eficiente, el fiscal se verá en la obligación de archivar el caso, lo que finalmente le da toda la potestad a la SMV de definir el resultado final de una investigación”, dijo.

“Están incentivando a corromper a la SMV. ¿Qué crees que va a hacer una empresa corrupta cuando sepa que una sola entidad pública es la que determina el veredicto final?”, argumentó Sierra.

En la misma línea, Huamán comentó que siempre hay posibilidades de corrupción, pero hay que elegir bien al personal. “Se va a necesitar un mecanismo de ‘compliance’ dentro de la misma SMV para evitar más casos de corrupción”, dijo.

ESCENARIO LOCAL
El escenario de corrupción que vive nuestro país no fue ajeno para el sector empresarial peruano. Con la agudización de este problema, el segundo semestre del 2017 mostró un incremento sustancial en la demanda por profesionales con experiencia en la implementación y fortalecimiento de procesos de prevención y cumplimiento normativo, explicó Elio Vignolo, senior consultant - Finance Division de Page Group.

“El número de requerimientos que hemos recibido de perfiles como: gerentes de prevención y cumplimiento, gerentes/jefes de auditoría, gerentes/jefes legales y gerentes de control interno (‘controllers’) se triplicó respecto al primer semestre del 2017”, apuntó el especialista. Agregó que esta tendencia podría incrementarse y replicarse en sectores como construcción y minería e hidrocarburos. 

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