Especialistas presentan propuesta para evaluar la calidad de los servicios públicos en regiones y municipios

En el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), se planteó crear un consejo independiente para evaluar el desempeño de los gobiernos regionales y locales en el cierre de brechas de servicios públicos. La evaluación mediría la cobertura y calidad de los servicios, además de los recursos ejecutados, explicó Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Bustamante planteó crear un ente técnico autónomo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), integrado por siete personas con al menos 15 años de experiencia y trabajo en territorio. Sus integrantes serían designados de manera escalonada y contarían con una secretaría técnica externa, a cargo de una entidad sin fines de lucro seleccionada por concurso.

La propuesta busca evaluar si las responsabilidades y los recursos asignados a los distintos niveles de gobierno se traducen en mejoras para los ciudadanos. Para ello, contempló indicadores de cobertura y calidad de los servicios, capacidades institucionales y condiciones de cada territorio.

Bustamante cuestionó que el seguimiento de la descentralización se concentrara en cuánto dinero se gastaba o cuántas obras se construían, sin evaluar su funcionamiento posterior.

Evaluación y financiamiento

Bustamante explicó que remitir los resultados a la Cámara de Diputados permitiría que esta solicitara los reportes correspondientes y diera seguimiento al proceso. Así, el consejo elaboraría informes y recomendaciones que serían entregados al Ejecutivo y al Congreso.

El planteamiento también incluyó ajustes al rol de la Secretaría de Descentralización de la PCM para establecer estándares mínimos en la entrega de servicios y revisar periódicamente funciones y competencias.

En materia de financiamiento, Bustamante propuso vincular los incentivos al desempeño y a resultados verificados. Cuestionó que los mecanismos existentes terminaran midiendo actividades, como talleres o visitas de campo, en lugar de mejoras en las condiciones de vida de la población.

“Tenemos que regresar a mirar desempeño para estar alineados con la mejor calidad de vida del ciudadano”, sostuvo.

La propuesta contempló convenios intergubernamentales multianuales y mecanismos de monitoreo, y evaluación de las transferencias. Bustamante precisó que el planteamiento no eliminaba la autonomía política, económica ni administrativa de los gobiernos regionales y locales, ni suponía una recentralización automática de funciones.

Continuidad de las obras

Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa y coordinadora nacional de Cultura Democrática, cuestionó que se utilizara el porcentaje de ejecución presupuestal como principal medida del desempeño de las autoridades.

“Creo que es necesario cambiar este enfoque del MEF de visibilizar quién ejecuta más”, afirmó. Añadió que una mayor ejecución no necesariamente reflejaba una mejor calidad de la inversión.

Osorio también advirtió sobre el riesgo de que las nuevas gestiones paralizaran proyectos iniciados por sus antecesores. “Dejamos cuatro hospitales en ejecución en Arequipa, y mi sucesor las paralizó; resolvió contratos”, señaló.

Explicó que los proyectos de mayor envergadura podían requerir más de un periodo de gobierno regional o municipal, por lo que los ministerios debían ejercer su rectoría para asegurar la continuidad. “Yo diría incluso que se condicionen transferencias a la previa culminación de proyectos que están en marcha”, planteó.

La exgobernadora también sostuvo que las dificultades no correspondían exclusivamente a las autoridades regionales y locales. Señaló que el Gobierno Nacional tiene responsabilidades y cuestionó que transferirle proyectos o competencias no necesariamente asegura mejores resultados.

Información para asignar recursos

Carlos Casas, director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, respaldó la evaluación del cierre de brechas, pero planteó complementarla con un sistema de información descentralizada.

“No tenemos series continuas, no tenemos información”, advirtió. Explicó que contar con datos oficiales y comparables permitiría evaluar el desempeño de los territorios y orientar las decisiones sobre la distribución de recursos.

Casas también propuso revisar el conjunto de transferencias intergubernamentales para atender las diferencias entre municipalidades y regiones. Señaló que los resultados de la evaluación podían servir para identificar qué autoridades prestaban mejores servicios y contribuir a una asignación más equitativa.

Asimismo, planteó calcular cuánto costaba brindar servicios públicos adecuados en las distintas zonas del país, pues las necesidades y los costos variaban según las condiciones del territorio.

Por su parte, Bustamante sostuvo que la participación del Gobierno Nacional y del MEF era fundamental. También planteó comunicar la propuesta a las autoridades regionales y locales para que la evaluación permitiera mejorar la gestión y los servicios que recibía la población.