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"Evitemos una repartija", por Alejandro
Falla

De una revisión de las páginas web de las asociaciones que han recibido alguna participación en las multas, solo una de ellas contiene algún tipo de información sobre los fondos recibidos y el destino de estos

Indecopi

(Foto: El Comercio)

Hace poco, alguien me comentó haber sido testigo casual e involuntario de una conversación entre dos usuarios mientras esperaba su turno de ser atendido en los corredores de Indecopi. Al parecer, los sujetos coordinaban sus actuaciones dentro de algunos procedimientos. Parecían dividirse acciones dentro de algunos procesos para evitar cruzarse, en una dinámica de reparto del tipo “tú vas en este proceso y yo voy al otro”. Grande fue su sorpresa al descubrir –al ser llamados para ser atendidos– que se trataba de representantes de asociaciones de consumidores.

Las asociaciones de consumidores (‘full disclosure’: soy abogado y patrocino asuntos en Indecopi en los que ocasionalmente he tenido que lidiar con ellas) son entidades sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los derechos de los consumidores (me incluyo). Para ello realizan actividades de promoción como campañas educativas en medios de comunicación, opinan en procesos de elaboración de leyes y desarrollan actividades de orientación a consumidores y denuncias.

Está fuera de discusión el papel positivo que han jugado dichas asociaciones en los avances que se han tenido en esta materia en los últimos 25 años. Sin su activismo, probablemente seguiríamos pagando US$60 para sacar un pasaporte, pese a que su costo es bastante menor.

Precisamente por ello el Código de Protección al Consumidor les permitió acceder a un financiamiento indirecto haciéndolos partícipes de hasta el 50% de las multas que imponga Indecopi en los procesos en los que hubieren participado y tenido un rol sustantivo. Debo reconocer que estuve a favor de esta propuesta durante las discusiones previas a la aprobación del código. Las actividades de estas asociaciones pueden contribuir a que Indecopi realice mejor su tarea y está claro que no pueden vivir solo de voluntariado y donaciones.

En los últimos años, Indecopi ha asignado a las asociaciones de consumidores un porcentaje que va desde 4% hasta 50% de las multas impuestas en algunos procedimientos. El total de multas aplicadas en dichos procedimientos asciende a S/6,7 millones aproximadamente. De esto, una parte irá a parar en algún momento a manos de las mencionadas asociaciones. Hasta el 2017, solo 9 de las 63 asociaciones registradas por Indecopi habían accedido a este beneficio.

¿Y en qué se usa este dinero? Para evitar incentivos perversos y un mal uso de estos recursos, que son públicos, la ley ha establecido límites al uso de esos fondos (solo se puede gastar hasta el 5% en gastos corrientes), sujetado los gastos a la supervisión de la Contraloría General de la República e impuesto obligaciones de transparencia a las asociaciones.

De una revisión de las páginas web de las asociaciones que han recibido alguna participación en las multas, solo una de ellas (Aspec) contiene algún tipo de información sobre los fondos recibidos y el destino de estos. Parece que aquí falta transparencia en la información de parte de quienes suelen exigirla de otros. Evitemos que este mecanismo se pervierta y que esto termine convirtiéndose en una simple repartija de dineros públicos. Evitarlo depende más de las asociaciones de consumidores que de Indecopi o la Contraloría.

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