¿Cuál es el futuro de la reforma del servicio civil?

El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene hasta el 22 de febrero para observar el proyecto de ley aprobado en enero por el Congreso para excluir a los trabajadores judiciales y administrativos del Poder Judicial (PJ) del alcance de la Ley Servir. De no hacerlo, la entidad se sumaría a la lista de aquellas excluidas de este régimen. Una lista que, a juzgar por diversas iniciativas presentadas en el Legislativo, corre el riesgo de seguir alargándose. El escenario descoloca los fines de una norma que pretende más bien unificar los variados regímenes laborales del Estado con miras a lograr un servicio civil meritocrático y ordenado.

A MÍ NO
En diciembre del año pasado, el congresista Jorge del Castillo (Apra) presentó un proyecto de ley para hacer de la Sunat una excepción de Servir. Un mes antes, Justiniano Apaza (Frente Amplio) hizo lo propio para las municipalidades. El Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación, también presentó un proyecto en ese sentido. Y otro el Reniec, para excluir temporalmente a los trabajadores CAS.

Propuestas similares está trabajando, además, la congresista Alejandra Aramayo (FP) –autora del proyecto para excluir a los trabajadores del PJ– con los sindicatos de la Sunat y el Consejo Nacional de la Magistratura, según adelantó a este Diario. Servir ha estado desde su inicio marcado por excepciones. Al comienzo, en una decisión que el presidente de la institución, Juan Carlos Cortés, califica de “política”, no se incluyeron el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros , el Congreso, la contraloría y la Sunat. Una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2016 declaró inconstitucional la exclusión. Dijo, sin embargo, que si la “especialidad” estaba debidamente fundada, una entidad podía salirse de este régimen. Con ese argumento, el año pasado se volvió a excluir a la SBS, al BCR y al Congreso.

Cortés encuentra que estas exclusiones afectarán la oportunidad de servidores de progresar y moverse al interior del Estado. “Con Servir, un trabajador de un juzgado que ve temas del medio ambiente puede irse por un tiempo al Ministerio del Ambiente y luego regresar al PJ. Eso no se podrá hacer [con una institución que no esté en Servir]”.

CRÍTICAS INSTITUCIONALES
“He pasado por todas las entidades públicas. Todas dicen ser especializadas. Las exclusiones siempre han sido un tema político”, asegura Cortés. El argumento que sostienen algunas instituciones, dice el laboralista Mauro Ugaz, es que el servicio que dan es incompatible con Servir, supuesto que descarta. “La especialidad de una actividad no define el trabajo que se hace en la institución, porque esta también tienen operarios, analistas y personal de confianza”, agrega.

Ciertos organismos constitucionalmente autónomos también invocan esta autonomía para salirse. El economista Santiago Dávila les da la razón. “Creen que afectaría su libertad para contratar, lo que les permite ser una institución líder. Tienen razón. Están homogeneizando hacia abajo”, afirma. Sin embargo, para Cortés, la autonomía permite que la institución cumpla su deber, pero no debería influir en la administración de los recursos humanos.

Quienes buscan apartarse de esta norma alegan, además, según el laboralista Percy Alache, que ya tienen meritocracia y no necesitan alinearse a los instrumentos de gestión pública.

LOS TRABAJADORES
Especialistas coinciden en que no ha habido suficientes incentivos para atraer a los trabajadores. Además, algunos de ellos temen perder sus beneficios, o ser sujetos de despidos masivos. Hay, adicionalmente, oposición a las evaluaciones de desempeño y a un régimen que podría resultar menos amigable para los sindicatos.

Cortés descarta los despidos masivos y explica que las evaluaciones tienen una lógica de mejora de capacidades, no de castigo. Resalta ventajas remunerativas y recuerda que, salvo que sean CAS (régimen temporal desde un inicio), quienes ya son empleados pueden permanecer en su régimen. Servir solo será obligatorio para nuevos trabajadores cuando la institución haya implementado el sistema. “Es una reforma gradual; de aquí a 30 o 40 años habrá uniformidad”, comenta Ugaz.

Ugaz también agrega que “el rechazo se da porque se trata de perder un beneficio individual en nombre de un interés colectivo. Si una persona recibe de la institución un club o aguinaldo, dirá: ¿voy a perder eso para que el Estado esté bien organizado?”.

¿CÓMO VAMOS?
De las más de 2.000 entidades que deberán transitar a Servir, para el 6 de febrero solo 373 habían comenzado el proceso. De estas, 168 están en la primera etapa y apenas una, la ONP, acaba de culminar la tercera y deberá convocar concursos. Parece complicado que se cumpla la meta original de lograr la implementación para el 2020.

Cortés considera que el proceso ha tenido trabas: falta de voluntad política, insuficientes capacidades y complejidades al interior de las instituciones, huelgas y cambios ministeriales, entre las principales.
Las entidades que en el 2017 no iniciaron su proceso de adecuación han comenzado a ser notificadas con una resolución de inicio de incorporación al proceso de tránsito, a través de la cual se forma de oficio una comisión de tránsito.

Servir asegura, además, que actualmente ya se aplican algunas disposiciones a todas las entidades y regímenes. Por ejemplo, normas sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, gestión de capacitación, derechos colectivos y régimen disciplinario.
Más allá de lo anterior, lo cierto es que diversos expertos coinciden: uno de los factores claves para el éxito de Servir será el respaldo político –hoy ausente– que reciba en los próximos años.

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