FEPCMAC: ‘Gota gota’ y casas de empeño generan S/8.000 millones de dinero sucio, ante la complicidad sórdida del Estado

La criminalidad viene cobrando un alto precio en vidas humanas a la sociedad peruana. Hablamos de 145 asesinatos ocurridos hasta el pasado 26 de enero, mayormente, de ‘gente de a pie’, que vive en la periferia urbana y que se ve expuesta al pago de cupos y a extorsiones, como el ‘gota a gota’.

Esto, ante la inercia del Gobierno y la “complicidad sórdida de todas las instituciones del Estado”, acusó hoy en conferencia de prensa el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís.

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Hablamos, indicó Solís, del “Gobierno, que no hace nada y mantiene a un ministro (del Interior) que no tiene sangre en la cara”, pero también del Poder Judicial, que es ‘cómplice’ de esta situación, y del Congreso, que “promulga leyes que fomentan la criminalidad”.

Prueba de ello, refirió, es el aumento de la práctica sucia del gota a gota, la cual representaba S/1.000 millones hace dos años, pero “hoy coloca S/4.000 millones en el mercado”.

“Y si incluimos a la otra parte de la criminalidad, que son las casas de empeño y préstamos, estamos hablando de S/8.000 millones, lo que equivale a las tres cuartas partes de las colocaciones de Mibanco, el banco de micro-finanzas más grande del país”, apuntó Solís.

Recordó que la FEMCMAC levantó su voz hace dos años para advertir de esta situación, pero que no fueron escuchados.

Ahora, dijo, una gran participación en la torta del mercado micro-financiero (de cajas, cooperativas y otros) lo tiene el gota a gota y las casas de empeño y préstamo, que “son el rostro legal del gota a gota y la criminalidad”.

Eso explica, dijo, por qué las mypes “pagan los platos rotos, todos los días con la criminalidad”, de tal manera que ya no tienen más acceso al crédito.

“Yo vengo a levantar la voz por los emprendedores de este país que no están recibiendo créditos de la banca formal sino del gota gota y la banca negra, las cuales están arrinconando al sistema de microfinanzas en el país y el Estado no hace nada”, manifestó.

TERRITORIOS ‘LIBERADOS’

La criminalidad, en efecto, ya está alcanzado a las microfinancieras.

Muestra de ello, señaló Solís, es el atentando con dinamita que sufrió una entidad microfinanciera en Ica por “no pagar cupos”, y también las amenazas que reciben continuamente los asesores y analistas de las cajas y cooperativas en la periferia de Lima.

“Hay territorios que son controlados por la criminalidad y que son exclusivos (de ellos). Se trata de ‘zonas financieras liberadas’, como los llaman las bandas criminales, donde nuestros asesores tienen que pagar cupos”, explicó.

Es el caso de los distritos periféricos de Lima, como el de San Martín de Porres, donde las bandas de gota a gota “tienen controlado el sistema financiero”, y también el de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a FEPCMAC, esto acarrea graves consecuencias económicas para el segmento microfinanciero, empezando por el aumento de la morosidad.

Esto porque “cuando nuestros asesores van a cobrar al prestatario, este ya no tiene plata para pagar porque ya vino el gota a gota y le cobró a punta de pistola”, explicó Solís.

Por todo ello, la FEPCMAC exige al Gobierno tomar medidas drásticas, como la implementación de tribunales sumarísimos y jueces sin rostro para juzgar a los delincuentes, así como la construcción de más cárceles.

Y, asimismo, la derogación de leyes que fomentan la criminalidad, como la Ley 32181, que deroga la detención preliminar.