Editorial: Para no perder el tren
Editorial: Para no perder el tren
Álvaro Arce

La reconstrucción de la perdida por los desastres naturales no solo demandará una millonaria inversión, sino también la necesidad de planificar y gestionar dicho proceso con eficacia.  !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');


El trabajo se enfocará en dos niveles: primero, rehabilitar la infraestructura dañada y, segundo, planificar la reconstrucción.

La pronta recuperación de la infraestructura en colegios, centros de salud, vías de comunicación, agua y saneamiento permitirá restituir los servicios básicos, dice José Díaz, investigador de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP). “El Gobierno debe apuntar a culminar los trabajos de rehabilitación en un plazo máximo de 18 meses”, añade.

Para la etapa de reconstrucción, Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, propone una intervención más intensa del programa Techo Propio e incluso entregar subsidios adicionales. También sugiere emplear terrenos de las Fuerzas Armadas para reubicar a la población que vivía en zonas de riesgo.

“Se necesitarán terrenos y empresas que desarrollen los proyectos. Si el problema es el financiamiento, se podría evaluar conceder estos proyectos con derechos adicionales de edificación a los desarrolladores inmobiliarios. Ya existe la legislación y se puede hacer rápido”, dice.

TRABAJO ARTICULADO
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho que la reconstrucción deberá hacerse con la mira puesta en los próximos 50 o 100 años. Para lograrlo, un paso fundamental será la creación de un organismo público adscrito a la PCM encargado de este proceso, opina el economista Flavio Ausejo.

“Esta entidad debe tener capacidad de emitir reglas excepcionales y hacer coordinaciones en todos los niveles de gobierno. También debe tener un enlace directo con el presidente y el primer ministro porque su labor requerirá autoridad”, explica.

Díaz señala que será clave un buen diagnóstico y el establecimiento de planes estratégicos antes de iniciar la reconstrucción. Considera que ese trabajo debe recaer en el Ceplan, que ya tiene la metodología para hacerlo.

“La reconstrucción implica evaluación de carreteras, puentes y viviendas. Hay que ver si están en los sitios correctos. Por eso es fundamental un buen planeamiento que incorpore variables de impacto en la mitigación de riesgo ante desastres”, subraya.

Por su parte, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), propone combinar la inversión pública, el mecanismo de obras por impuestos y las asociaciones público-privadas para acelerar la ejecución de obras durante la reconstrucción.

CONSTRUCTORAS PARA RECONSTRUIR
Otro reto para la reconstrucción es que deba hacerse en el marco de los casos o Lava Jato, que ha echado sombras sobre las principales constructoras que operan en el país.

Ya el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, ha dicho que Graña y Montero no participará en la reconstrucción por estar investigada en el Caso Lava Jato (ver nota vinculada). Esta lógica también se aplicaría a JJC e ICCGSA, compañías que habrían tenido conocimiento de los sobornos pagados por Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo, según la confesión de Jorge Barata, e incluso podría extenderse a otras importantes firmas locales que participaron en consorcios con las empresas brasileñas cuestionadas.

En este contexto, habría que distinguir las obras de rehabilitación de infraestructura –cuyo diseño y ejecución podrían ser asumidos por empresas locales de menor envergadura– de las grandes obras de reconstrucción y de prevención de largo plazo –que requieren mayor expertise y respaldo financiero–.

Ausejo ve difícil que este último grupo de obras pueda ser asumido solo por firmas locales. Ello generará la necesidad de realizar licitaciones capaces de convocar inversionistas extranjeros de primer nivel.

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