(Foto: El Comercio)
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Desde el 2000, cuando se promulgó la ley marco de los organismos reguladores (OR), se establecieron los elementos comunes de estas entidades. Uno de ellos consiste en la autonomía de los OR, que le da estabilidad al presidente durante 5 años, en que solo puede ser removido de su cargo por falta grave. Por lo tanto, cada vez que alguien interfiere en sus labores, ellos tienen el suficiente respaldo de la ley para defender su institucionalidad.

Hace algunas semanas, se conformó una mesa técnica en la ciudad de Moquegua por el aumento de la tarifa de agua en la provincia de Mariscal Nieto. En esta mesa, con representantes de autoridades regionales y de la PCM y el Otass (dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), se acordó la nulidad de la resolución del consejo directivo de la N° 072-2017-CD que ordenaba el aumento tarifario dentro de un plan previamente coordinado con la empresa y con el Otass.

De hecho, este acuerdo ha significado que el Otass ponga a disposición de la EPS Moquegua alrededor de S/2 millones para evitar el aumento de las tarifas y complacer el reclamo de la población. Claramente, este acuerdo viola la autonomía de la Sunass y lo desacredita ante cualquier otro intento de aumento de tarifas a nivel nacional. Las preguntas que surge son: ¿qué es lo que falla?, ¿acaso no existe coordinación entre las instituciones involucradas?, ¿cuál es la relación entre las instituciones, la política pública y la regulación?

Las instituciones tienen un papel fundamental para mejorar la sostenibilidad de la prestación de servicios, en la medida que definen sus políticas. Por otro lado, los gobiernos establecen sus intenciones, objetivos y prioridades a través de la política pública. Por último, la regulación puede ser definida como la imposición de reglas con la intención de modificar el comportamiento económico de los actores del sector, la que afecta principalmente las tarifas, la supervisión del desempeño de los prestadores, y la protección de los usuarios. La idea es que los tres elementos deben tener sus incentivos perfectamente alineados.

Sin embargo, en el Perú, y en particular en el sector de agua y saneamiento, estos estamentos no están funcionando coordinadamente. Las instituciones del Ejecutivo no están alineadas con los objetivos del regulador ni con la política pública que ellas mismos plantean.

Las políticas públicas son quebradas por las instituciones debido a la injerencia política y las rentas de corto plazo. Lo que ocurre es conocido como el fenómeno de la inconsistencia temporal, es decir, prefieren tener cierto alivio en el corto plazo, pero a expensas de estar peor en el futuro. ¿Acaso el incremento tarifario no está dentro de una política pública? Si seguimos quebrando la institucionalidad, ninguna política pública tendrá éxito y estaremos condenados al fracaso.

Entonces, ¿para qué seguir teniendo reguladores autónomos si no hacen prevalecer su voz claramente?

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