Los alcaldes distritales de Lima afrontarán un tercer estado de emergencia en poco más de dos años de gestión edil. Una revisión a las inversiones más grandes de este periodo arroja dos conclusiones: las municipalidades están más enfocadas en la vigilancia que en el patrullaje; y que se desembolsa más en uniformes que en equipos de protección para su cuerpo de serenazgo.
De las 42 municipalidades distritales, 27 desembolsaron más de S/ 23 millones destinados a la compra de uniformes para serenazgos. Puente Piedra y San Juan de Lurigancho son las gestiones que mayores desembolsos registran en uniformes, pero esto responde al alto número de miembros de serenos con los que cuentan en sus respectivas jurisdicciones.
Fuentes de diversas municipalidades coincidieron al explicar que la constante compra de uniformes responde a tres factores: rápido desgaste, alta rotación de personal y la disposición de algunas gestiones en conseguir prendas con el logo de su gestión.
El gasto en uniformes supera al de radios (alquiler o compra de equipos y su respectivo sistema de comunicación) y equipos de protección, como chalecos antibalas, armas no letales y otro tipo de indumentaria que se usa, por ejemplo, para los serenos motorizados que han incrementado en número a raíz de la dotación de unidades por parte de la Municipalidad de Lima.
San Martin de Porres es el distrito que más ha diversificado su gasto en equipo de protección para sus serenos, con equipamiento antimotín, alarmas, entre otros accesorios. El alcalde Hernán Sifuentes explicó que su gestión adquirió un lote de 200 chalecos y que están por adquirir 60 equipos “estilo Robocop” para los agentes del grupo de operaciones especiales que han conformado en su distrito.
Las municipalidades suelen orientar los equipos de protección especial enfocado en los grupos especiales que conforman para operaciones de mayor riesgo.
El dato
Existen ocho distritos en la capital que, desde el 2023, gastan en brigadas caninas. Son Pueblo Libre (S/63,081 ), San Miguel (S/344,279 ), Miraflores (S/219,000 ), Jesús María (S/ 198,298 ), La Molina (S/154,155 ), Chorrillos (S/76,230 ) y Magdalena (S/ 61,127 ).
Radiografia de la ejecución en seguridad por parte de los municipios. (Infografía: Raúl Rodríguez)
-Prioridades-
En lo que respecta a patrullaje, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, es el que más unidades móviles ha conseguido para este fin. A través de un sistema de ‘renting’, ha sumado más de 100 unidades.
El resto de 26 distritos que han apostado por reforzar sus unidades, no superan las 40 unidades (sumando autos y motos). A esto se puede añadir que, según la revisión de este Diario, la mayor inversión de las municipalidades se ha concentrado en la videovigilancia.
“Lo que nos dimos cuenta es que lo más importante es que la persona que realiza el asalto sea capturada. Los delincuentes dejan de ir a distritos donde hay altos índices de capturas. También incrementamos el número de serenos de 900 a 1.600, por lo que tenemos más unidades circulando las calles. Los sistemas de videovigilancia están orientadas a la investigación, no a adelantarnos a un hecho delictivo porque eso resulta casi imposible”, explicó Bruce.
El alcalde de Surco contó que realizó un viaje a Madrid donde pudo observar que los centros de videovigilancia son operados por solo seis personas, algo que dista mucho del escenario peruano donde se tiene entre 20 a 30 personas mirando pantallas.
“En España me explicaron que no tiene sentido tener a gente mirando a cámaras cuando están asaltando. Lo mejor es tener más unidades de patrullaje cercanas para aumentar la probabilidad de captura”, añadió.
Tras haber reforzado su patrullaje, Surco planea entregar, entre junio y julio, el centro de monitoreo más completo del país, donde se busca atender cualquier tipo de emergencia -asaltos, situaciones médicas y hasta auxilio mecánico- en menos de cinco minutos.
-Proyectos-
Según un análisis realizado por Videnza, en el proceso de compra de los implementos asociados a seguridad también existe retrasos e incluso sobrecostos importantes. Es así que, al 21 de marzo de este año, para los 42 distritos de Lima y la municipalidad provincial de Lima, se han identificado 43 proyectos asociados a la adquisición de cámaras o vehículos de vigilancia por un total de S/150 millones.
“De esto proyectos encontramos que 18 registran un sobrecosto de 10% o más respecto al monto aprobado en la viabilidad. Seis proyectos representan un retraso respecto de la fecha de fin de ejecución programada y 21 proyectos no registran devengado en los últimos 6 meses (tomando como fecha de corte el 31/12/2024) lo que nos permite suponer que se encuentran detenidos”, explica Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.
En opinión del exministro, existe ineficiencia en los proyectos de adquisición, lo que supone una menor efectividad del gasto sobre el problema real de la inseguridad. “Este es un problema transversal a los distintos niveles de gobierno y sectores. Además, se debe tomar en cuenta que, incluso superadas las ineficiencias en su adquisición, la Contraloría General de la República ha dejado en evidencia problemas en la operación y mantenimiento de las cámaras”, indicó.
Para Castilla, el problema general en la ejecución del gasto son las discrepancias en la planificación del mismo. “Hay una falta de coordinación y alineación entre los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales. Esto claramente en el sector seguridad resulta clave, pues se debería manejar una prevención integral”, afirmó.
Castilla también cita a Ricardo Valdés, exministro del interior, quien consideró que “la dotación de recursos se debe dar con base en indicadores de cumplimiento claros”. “Que se demuestre que la aguja de la seguridad se mueve positivamente y que no son recursos perdidos en servicios o adquisiciones ineficientes”, agrega Castilla.
