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¿Ley de incentivo de contratación juvenil será otra Ley Pulpín?

El Ministerio de Trabajo señaló que en un año la nueva norma ingresaría 50 mil trabajadores jóvenes a la formalidad

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Hace un mes, el Ministerio de Trabajo (MTPE) ingresó a la mesa de partes del Congreso el proyecto legislativo "Ley de incentivo para la contratación juvenil", que busca que el gobierno nacional asuma los costos de Essalud de los trabajadores formales entre 15 y 29 años. A pesar de haber sido calificado con carácter de prioritario y recaer en la Comisión de Trabajo, hasta la fecha no se ha debatido. 

Hoy, funcionarios del MTPE explicaron las características de esta propuesta. "No es una Ley Pulpín II como se ha dicho", dijo Germán Lora, jefe del gabinete de asesores del MTPE.

"[En este proyecto] no hay ninguna afectación de ningún derecho individual ni colectivo y tampoco una prestación de servicios de salud distinta", pues Essalud los atenderá igual que a los demás trabajadores, agregó. 

¿QUÉ DICE EL PROYECTO?
Con esta iniciativa, el gobierno nacional se obliga a dar un incentivo a las empresas para promover la suscripción de contratos de trabajo con la población joven. En este sentido, el Estado pagaría el 100% del aporte de Essalud, que equivale al 9% del salario. 

A la vez que se reducen los costos para las empresas, en el primer año se proyecta incorporar a 50 mil jóvenes al sector laboral formal. El presupuesto para ello será de S/70 millones.

El joven deberá cumplir uno de estos requisitos para que su futuro empleador pueda contratarlo con este régimen: ser su primer contrato de trabajo, que lleve seis meses desempleado o que labore en la informalidad. 

La norma solo aplicará para contratos de trabajo a tiempo indefinido o por un plazo mínimo de seis meses. Las renovaciones también deberán ajustarse a este límite.

"En la búsqueda de generación de nuevos puestos de trabajo, anualmente se va a revisar si las entidades empleadoras que se acogen a este beneficio han aumentado el número de trabajadores en planilla", advirtió Lora. Esto busca que no se reduzcan otros puestos de trabajo.

Señaló que además se deberá acreditar que el total de remuneraciones también se haya incrementado, para evitar que dinero de unos trabajadores pase a otros. 

SITUACIÓN
El funcionario agregó que esta iniciativa legislativa es necesaria para corregir la situación de desempleo y de informalidad que evidencian los indicadores. 

Datos preliminares de INEI, expuestos por el MTPE, muestran que en este grupo poblacional la tasa de desempleo se incrementó en el 2016 hacia 8,4%. En cambio, la tasa para los adultos es de 2,3%.

"La causa principal [del desempleo] es la productividad", dijo Vicente Corzo, asesor del gabinete de asesores del MTPE.

Corzo afirma que cerca de 400 mil jóvenes egresan de los colegios todos los años. De ellos, una mitad consigue una vacante en alguna institución de educación superior y otra mitad presiona al mercado laboral. Cerca de 50 mil no encontrarán trabajo. Con ellos, se alcanza los 420 mil jóvenes de desempleados que representan esa tasa de 8,4% del INEI. 

"Los que ingresan al mercado laboral, en su gran mayoría, son mano de obra no calificada. No tienen experiencia y el sector privado requiere experiencia", agrega para explicar las estadísticas sobre la situación laboral.

A este escenario, Lora agrega que 8 de 10 jóvenes contratados trabajan en la informalidad. Además, el 61,7% de los que tienen estudios superiores no trabajan en oficios relacionados con su profesión. 

Por su parte, los "ninis" (jóvenes que no estudian ni trabajan) también han preocupado al ministerio, pues representan al 21,3% de la población de entre 15 y 29 años. Sin embargo, su tratamiento deberá ser coordinado con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pues muchos de ellos son personas con una carga familiar y otros problemas, dijo Lora.

CRÍTICAS AL PROYECTO
El principal cuestionamiento a esta propuesta ha sido que el Estado no demuestra una capacidad de pago para asumir esta responsabilidad, pues es el principal deudor de Essalud. Lora detalló que el 90% de esta deuda la concentran los gobiernos regionales y locales. "Quien va a pagar [este subsidio] y se compromete es el gobierno central", apuntó. 

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