Transición energética: El costo para el Perú y los beneficios que traerá

Este es el futuro aceptado por todos. Sin embargo, el panorama toma otro cariz cuando se trata de visualizar la hoja de ruta para dicha transformación y la velocidad que deberíamos imprimirle. ¿La transición energética en el Perú debe ser rápida o progresiva? ¿Y enfocada en qué tecnologías?

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Tales son las cuestiones que causan controversia y elevan la temperatura en el sector energético peruano, sobre todo, después de los acontecimientos de los últimos días.

Política energética al 2050

Hace una semana el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reveló que se encuentra trabajando en la actualización de la política energética nacional, la cual fue bosquejada hace catorce años (2014) con alcance hasta el 2040.

Esto, a fin de diversificar la matriz energética “con énfasis en las energías renovables”, debido a que la meta de incrementar la participación de estas tecnologías “no se ha dado de la forma en que estábamos pensando”, indicó Elvis Tello, director general de electricidad, en el foro Expo Energía Perú 2024.

“En ese sentido, estamos trabajando en la formulación de la política energética nacional al 2050, la cual va a tener cinco entregables en nueve pasos, de los cuales se está trabajando en el primero”, explicó el funcionario.

Detalló que el Minem pretende concluir este plan en diciembre del 2025 y que, para ello, ha convocado a técnicos y gremios para socializar “lo que se quiere hacer con la política energética”.

Para más detalle, el titular del Minem, Rómulo Mucho, anunció desde Japón unos días después la disposición de nuestro país para captar inversiones en energías renovables e hidrógeno verde con el objetivo de “fortalecer la transición energética y reducir las emisiones de carbono”.

«A la fecha, tenemos más de 25.477 megavatios en proyectos de energías renovables a cargo de inversionistas que presentaron sus estudios de pre-operatividad ante el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES)», manifestó Mucho.

Las declaraciones de ambos funcionarios suscitaron reacciones mixtas en el sector energía. Así, mientras que la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) saludó la iniciativa de diversificar la matriz energética como “la opción más barata” para reducir los precios de la energía, otros gremios del sector expresaron su disconformidad y extrañeza.

Esto, señalaron, porque el Minem no los invitó, de primera intención, al espacio en donde se discutió el plan energético al 2050, razón por la cual se vieron precisados a ‘auto-convocarse’ ellos mismos.

Reacciones diversas

En opinión de Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía, la intención del Minem de priorizar las energías renovables en el nuevo plan energético nacional es “una medida totalmente ideológica” porque está orientada a una sola tecnología y “se está armando sin invitar a las empresas, los académicos y los especialistas”.

“El plan energético al 2050 debería balancear el uso de todos nuestros recursos energéticos para permitir su adecuada explotación, incluyendo al gas natural, el cual es una fuente importante de ingresos para las regiones productoras, caso del Cusco”, refiere.

En esa misma línea, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, solicitó al Minem que especifique cómo va a financiar la nueva política energética orientada a las energías renovables, y cuál va a ser el ahorro en reducción de emisiones de carbono que el país va a conseguir con todo esto.

Sobre todo, si tomamos en cuenta de que el Gobierno ya destina bastante dinero para subsidiar otras fuentes de energía, como el diésel, combustible altamente contaminante, que ha dejado casi exhausto al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles o FEPC (tiene un saldo de deuda de S/19 mil millones).

“Yo no estoy en contra de las energías renovables. Estoy en contra que se haga una promoción dogmática de esta fuente de energía como si fuera la panacea, cuando tenemos un gran potencial hidroeléctrico y un gran activo que es el gas natural”, anota el economista.

Por el contrario, Brendan Oviedo, presidente de la SPR, considera que el énfasis puesto por el Minem en las energías renovables tiene mucho sentido debido a que no existe un plan del Gobierno para el gas natural, al extremo de que las reservas probadas de este energético (que deberían sostener su masificación) se están agotando “por falta de exploración y carencia de gasoductos”.

Dado que el Minem apunta a promover al máximo las energías renovables cabe preguntarnos: ¿Cuánto costaría esto al país?

El costo de la transición

Videnza Instituto presentó el pasado miércoles un estudio que cuantifica el costo de la des-carbonización del sector energía en el Perú.

El informe pone el ojo en lo que costaría reemplazar todas las plantas térmicas a gas natural (que sostienen el 40% de nuestra matriz eléctrica) por centrales eólicas y solares para el año 2030. En tal sentido, los cálculos efectuados por Videnza arrojan un monto de S/16.551 millones, equivalente a diez veces el saldo del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

¿Y el ahorro en emisión de gases de efecto invernadero (GEI)? El instituto calcula que rondaría el 2,1% del total de las emisiones del Perú en el año 2022, cifra que dista mucho de la meta de reducción de GEI que el Perú se ha comprometido a alcanzar para el año 2030: 40%.

Estos resultados confirman, refiere Luis Miguel Castilla, que “estamos poniendo las balas en donde no debemos” porque “estamos copiando una discusión internacional que no se aplica en el Perú”.

Esta es, la discusión que apunta al sector eléctrico como el principal culpable de la emisión de GEI en todos los países y continentes. En realidad, apunta Juan Benavides, consultor internacional y autor del estudio de Videnza, esta afirmación es válida para las economías industrializadas, intensivas en quema de carbón y diésel (caso de China y EE.UU.) pero no para países como Perú, Ecuador y Colombia, que “producen energía de forma limpia”.

Y es que las estadísticas oficiales muestran que el principal emisor de GEI en el Perú es la deforestación (46,3%), seguido de la agricultura (13.6%), el sector transporte (13,5%) y la industria eléctrica (7,3%).

“Esto demuestra que el problema está en los sectores forestal, agrícola y transportes, donde no existen políticas de lucha contra el cambio climático, por lo menos, no políticas efectivas que estén logrando avances”, apunta Arturo Vásquez.

Es el caso de la deforestación, que está aumentando a pasos agigantados debido al impacto de la agricultura migratoria, la tala indiscriminada y la minería ilegal, sin que los últimos gobiernos hayan movido un solo dedo para remediarlo.

“El mensaje, por tanto, es que cada país debe desarrollar una transición energética acorde con su realidad porque, en economías como la nuestra, el esfuerzo de la descarbonización debe estar orientado a los sectores agricultura, forestal y uso de la tierra”, manifiesta Benavides.

De acuerdo a Eduardo Ramos, experto en energía y socio del estudio MOAR, el manejo de estas actividades debería ser una prioridad de nuestra política ambiental, porque “no podemos hablar de una transición energética Marca Perú sin afrontar esta problemática”.

No todos, sin embargo, están de acuerdo con estas apreciaciones.

Factor precio

Para Jaime Luyo, ex viceministro de electricidad, el estudio de Videnza tiene un enfoque errado porque se centra en la mitigación de emisiones, cuando la prioridad del Minem al promover las energías renovables es “reducir progresivamente el precio de la electricidad”.

“Con esto, habrá mayor demanda de electricidad por nuevos proyectos mineros, más transporte de vehículos eléctricos y más centros de procesamiento de datos”, indicó en su cuenta de LinkedIn.

En esa misma línea, Brendan Oviedo refiere que “los cálculos para saber cuánto nos va a costar la descarbonización son inútiles” porque jamás vamos a poder cumplir el objetivo de reducir nuestras emisiones de GEI en 40%.

Por el contrario, sostiene que el esfuerzo por promover las energías renovables apunta a solucionar los graves problemas de competitividad y costos que están agobiando al sector eléctrico desde hace dos años y que han motivado la quema de diésel para generación eléctrica, a un costo para el país de US$3.000 millones, solo en el 2023.

Se trata de un problema que podría reavivarse con mayor fuerza desde el 2025, según proyecciones del COES, razón por la cual “urge emprender la construcción de más centrales eólicas y solares sin pérdida de tiempo”, explica el líder gremial.

Según cálculos del COES, esta necesidad abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de hasta 9.520 MW en proyectos solares y eólicos para el 2034, a fin de evitar el racionamiento y el encarecimiento de la energía eléctrica.

El problema, explica César Butrón, jefe del organismo planificador, es que solo hay tres centrales renovables en construcción, porque las demás “están todavía verdes”. “Si no se lanzan inversiones en renovables ahora, no vamos a poder evitar, como operadores del sistema, que se queme diésel”, declaró el especialista en el Expo Energía 2024.

Para viabilizar el desarrollo de estas inversiones, el Minem y los operadores renovables han puesto sus esperanzas en un proyecto de ley que se encuentra en el Pleno de Congreso.

Se trata de una norma que busca promover, principalmente, la construcción de nuevas centrales solares. Según sus críticos, sin embargo, se trata de una iniciativa que acelera inconvenientemente el ingreso de las RER, en detrimento del gas natural y la libre competencia en el mercado.

El rumbo trazado por el Minem está claro. ¿Cómo moldeará al sector eléctrico peruano? Lo veremos muy pronto.