La minería ilegal representa una creciente amenaza, no solo para las labores de explotación minera, sino también para las actividades de exploración. Y la tragedia ocurrida en Pataz no hace sino agravar esta preocupación.
“Esto significa que las empresas que exploran en áreas que se superponen a la minería ilegal van a tener que tomar (más) medidas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y el personal de las comunidades”, manifestó Walter Tejada, presidente de proEXPLO 2025.
Y si el riesgo es muy elevado, agregó el geólogo explorador, “seguramente van a reconsiderar sus planes”.
Sin embargo, indicó que aún es temprano para evaluar el impacto sobre la exploración minera porque esta es una actividad de largo plazo y porque queda todavía por ver el resultado de las últimas medidas que el Ejecutivo viene adoptando contra la minería ilegal.
“Entonces, hay que balancear esa visión de largo plazo con las medidas que tomará el Gobierno para entender si van a surtir efecto en controlar la minería ilegal”, dijo.
En esa línea, expresó que los peruanos debemos tomar con mayor seriedad la labor de combatir este flagelo, porque trae criminalidad, muerte y contaminación.
“La minería ilegal tiene que ser parada ya”, puntualizó.
Juan Lozano, consultor minero independiente, refirió en proEXPLO 2025 que la minería ilegal es un fenómeno en crecimiento que genera tensiones con empresas de la gran y mediana minería por el uso de las áreas mineralizadas.
Esto, sobre todo, en regiones como La Libertad, Apurímac, Puno y Cajamarca.
Caso puntual de un proyecto de exploración detenido por la minería ilegal es Los Chancas, que Southern Copper intenta desarrollar en Apurímac, y que ha sido motivo de invasiones y ataques por parte de mineros ilegales en los últimos meses.
