El sector eléctrico vuelve a generar preocupación por las implicancias negativas de dos medidas emanadas del seno del Congreso de la República y de Osinergmin, respectivamente.
Nos referimos al proyecto de ley del congresista Ilich López (Acción Popular) que busca duplicar, del 5% al 10%, la participación de los trabajadores en las utilidades que reparten las empresas eléctricas.
Y, también, a la reciente actualización del Factor de Referencia a la Contratación (FRC) del transporte firme de gas natural, parámetro que funge como “señal regulatoria para que las plantas térmicas contraten el gas”, explica Arturo Vásquez, investigador de Gerens.
Se trata de dos temas aparentemente inconexos, pero que tienen algo en común: su potencial para “generar sobrecostos para la economía y los precios de la energía en el largo plazo”, apunta el economista. ¿De qué se trata?
REPARTO DE UTILIDADES
Sobre el incremento de las utilidades para los trabajadores del sector eléctrico se ha escrito mucho esta semana.
En un artículo publicado recientemente, el economista Carlos Paredes ha catalogado el proyecto de ley como un “precedente nefasto” por cuanto incrementará arbitrariamente los costos laborales de las empresas eléctricas.
El proyecto de ley que busca incrementar la participación de los trabajadores en las utilidades del sector eléctrico (de 5% a 10%) fue tramitado por los sindicatos de las empresas estatales. (El Comercio)
Esto, para beneficiar a menos de 7 mil trabajadores eléctricos – muchos de los cuales ya reciben utilidades hasta el tope de 18 sueldos – en “desmedro de los más de 30 millones de usuarios del servicio eléctrico”.
Según cálculos de Gerens, la aplicación de la medida incrementará los costos de generación y trasmisión eléctrica y, consecuentemente, la tarifa para los usuarios finales en el orden de 4% en el mediano plazo.
Es más, Vásquez estima que el incremento en las tarifas será mayor si el proyecto de ley se extiende a los contratistas eléctricos que “ejecutan las obras de distribución eléctrica y que también son parte de la industria”.
Además, cabe destacar el impacto negativo sobre la calidad del servicio y la expansión de las redes de distribución eléctrica en las regiones, a cargo de las distribuidoras estatales.
Fonafe ha calculado que el nuevo tope de 10% para la repartición de utilidades recortará hasta en S/130 millones el dinero (reinversión de utilidades) asignado al mantenimiento y desarrollo de redes en las zonas urbanas y rurales.
Por todo ello, el proyecto de Ilich López cuenta con opinión negativa del Fonafe y el Ministerio de Trabajo. En opinión de Paredes el documento debería ser revisado para ser archivado en segunda votación.
El proyecto de ley del congresista Ilich López incrementaría las tarifas eléctricas en más de 4% en el mediano plazo. (Foto: Freepik)
EL FRC
La segunda amenaza para la industria energética tiene que ver con la inadecuada fijación del Factor de Referencia a la Contratación (FRC) de transporte de gas natural.
Se trata, explica Vásquez, del parámetro que señala cuánto gas natural, como mínimo, debe contratar una central térmica para garantizar la seguridad del suministro eléctrico cuando más se le necesita (estiaje y Fenómeno del Niño, por ejemplo).
“Un FRC por debajo del óptimo compromete severamente la seguridad del suministro eléctrico para los peruanos, al no garantizar la disponibilidad suficiente de gas natural para generación eléctrica en caso sea necesaria”, alertó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) días atrás.
Precisamente, el Osinergmin publicó el pasado 15 de marzo una nueva tabla de valores para las centrales térmicas, que “refleja un sesgo regulatorio en contra del gas natural”, anota Vásquez.
Y es que los nuevos FRC fijados por el regulador para el periodo 2025-2029 son iguales o menores al 63% (0,63): 0,63 para tecnologías de ciclo combinado, 0,12 para tecnologías de ciclo simple y 0,049 para tecnologías de ciclo reciprocante.
“Esto significa que, si una planta de ciclo simple tiene 100 MW para despachar, el Osinergmin solo les obliga a contratar 1 MW de capacidad respaldada por gas natural, pero cobra como si fuera por 100 MW”, explica.
La actualización del FRC por parte de Osinergmin desalentaría la inversión en gas natural y dificultaría la masificación de este energético.
De esta manera, advierte Vásquez, será imposible que se desarrollen los grandes gasoductos hacia el sur, como el Sit Gas y el proyecto Extensión Sur (de TGP), porque ambos tienen como principal demandante las centrales de ciclo simple de Ilo y Mollendo.
“¿Sin embargo, cómo vamos a hacer estos proyectos si a las plantas del nodo energético se les va a pedir solamente 1% de contratación? Con ese porcentaje no se paga ningún gasoducto”, señala.
Para la SPH, la actualización del FRC realizada por Osinergmin expone al país a riesgos de apagones y una excesiva dependencia de las fuentes de energía renovables (solar y eólica), que son intermitentes.
Ante esto, Gerens recomienda subir el FRC a 0,9 (90%) para todas las tecnologías, pues con esto las centrales térmicas podrán tener gas disponible para atender las contingencias que pueda experimentar el Perú.
Sobre todo, “en un período tan incierto como el que viene en los próximos cuatro años, donde vamos a tener problemas con el Fenómeno del Niño y estiajes más complicados”, agrega Vásquez.
