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Ministro Trujillo: "Vamos a reconstruir 4.500 viviendas este año"

El Ejecutivo presentará un proyecto que permita al Gobierno asumir los pasivos de las EPS cuya situación financiera sea insostenible. También definirá las pautas para la reconstrucción de viviendas

Viviendas

Trujillo dice que la propuesta que presentaron al Congreso para el tratamiento de aguas residuales dinamizará inversiones. (Foto: El Comercio)

Trujillo dice que la propuesta que presentaron al Congreso para el tratamiento de aguas residuales dinamizará inversiones. (Foto: El Comercio)

Ha pasado más de un año desde que Edmer Trujillo fuera investido como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cartera que persigue la osada meta de incorporar al total de peruanos al servicio de agua y saneamiento de cara al bicentenario. A ello se suma el encargo de impulsar la construcción de más de 250 mil viviendas y de apoyar a quienes perdieron su hogar tras El Niño costero.

— Se anunció que en octubre empezará la edificación de las viviendas en el marco de la reconstrucción.
La próxima semana aprobaremos en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que definirá los aspectos vinculados al acceso del Bono Familiar Habitacional. Hay que recordar que este no fue creado para reconstruir, sino como un mecanismo de apoyo a la solución del problema de la vivienda. Por lo tanto, solo podrán acceder los que cumplen con los requisitos. Y el requisito que vamos a exigir para reconstruir las viviendas es que hayan colapsado y sean inhabitables.

— ¿Cuánto invertirán en la reconstrucción?
El Ministerio de Vivienda va a invertir en la reconstrucción un total de S/3.900 millones. De esos, S/1.594 millones son para la edificación de viviendas; S/1.600 millones, para agua y desagüe; S/740 millones, para pistas y veredas; y S/29 millones, para el desarrollo y formulación de planes urbanos en toda la zona norte.

— ¿Todas las viviendas tendrán las mismas características?
Vamos a tener dos o tres, o quizás uno más, modelos típicos. La mayoría de viviendas se construirá en sitio propio. La diferencia, que está por determinarse en función a la evaluación de las zonas de riesgo, se va a reubicar. Y estas últimas se van a hacer en nuevas habilitaciones urbanas. En eso todavía hay un trabajo que realiza el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, que nos va a permitir saber cuántas familias de esas 45.613 deben reubicarse.

— En ese plan, ¿han contemplado con cuántas empresas trabajarán?
En las nuevas habilitaciones urbanas participará el sector inmobiliario. En el tema de construcción en sitio propio, van a participar las entidades técnicas, que son las pequeñas empresas que en el Perú han venido construyendo viviendas. Pero ahora vamos a ser mucho más cuidadosos para la construcción en sitio propio. Habrá un padrón final de viviendas que deben construirse y será a través del fondo de vivienda que vamos a convocar a las entidades técnicas. Vamos a evaluarlas y en función de su récord, historial y capacidad técnica y económica se les asignará determinado número de viviendas.

— ¿Cuál es la meta?
Reconstruir las 45.613 viviendas. Arrancamos en octubre de este año y esperamos que a finales del 2017 tengamos entre 4.000 y 4.500 viviendas construidas, en sitio propio, que demandarán S/130 millones.

— ¿De qué forma se buscará avanzar en la cobertura de agua y saneamiento?
El presidente quiere que el agua y saneamiento sea el legado de este Gobierno. Por eso seguiremos formulando y ejecutando proyectos que permitan llevar el servicio de agua a quienes no tienen. Tenemos 174 proyectos concluidos a diciembre pasado y 1.500 pendientes, que demandan una inversión de S/2.940 millones. Proyectamos terminar 600 proyectos a diciembre de este año, lo que permitirá incorporar a 136 mil familias a este servicio.

— ¿Qué medidas están tomando para mejorar la gestión de las EPS?
Hemos potenciado el régimen de apoyo temporal y hemos emitido el Decreto Legislativo 1280, que busca resolver los problemas estructurales de las EPS. Creemos que un tema importante es su autonomía, ya que hay un nivel de intromisión político muy grande. Por eso decidimos que los alcaldes distritales sean excluidos de las juntas de accionistas y solo se considere a los alcaldes provinciales. Además, hemos definido los roles y perfiles de los miembros del directorio.

— ¿Cómo piensan corregir el problema de escala de las EPS?
La ley también nos ayuda a resolver ese problema. En el Perú, hay 50 prestadoras, de las cuales 23 tienen menos de 40 mil conexiones domiciliarias. Esas empresas son insostenibles en el tiempo. Entonces, tienen que crecer en tamaño e integrarse con localidades cercanas. Otros temas son las capacidades y las competencias que deben tener las EPS. En el sector saneamiento tienes gerentes ganando S/1.500 mensuales. Con esas remuneraciones, no vas a tener a personas capacitadas. Esta ley permite la mejora remunerativa de los funcionarios. Nosotros ya estamos cerrando con el MEF una escala remunerativa que haga competitivo ser funcionario de las EPS.

— ¿Cuál es la experiencia de Agua de Tumbes (Atusa), la única EPS privada?
No fue la mejor concesión. Los términos de las metas, de las exigencias no fueron los mejores, pero, tratando de ser objetivos, los servicios que hoy da Atusa son mucho mejores que los que daba Enfapa Tumbes, lo que no significa que no haya problemas. Tumbes tiene problemas de abastecimiento de agua de la zona sur, tiene problemas de agua potable hacia el norte. Debemos entender que la discusión de si los servicios de agua y desagüe los deben dar empresas públicas, privadas o mixtas ya es un tema superado. Lo real es que las EPS para dar un servicio adecuado deben ser entidades con competencias, con capacidades y con recursos.

— En su mensaje a la nación, el presidente presentó un proyecto de ley para impulsar la inversión privada en tratamiento de aguas residuales.
Hemos modificado los estándares con los que los desagües deben descargarse al río. Hemos dado un espacio de hasta nueve años a las empresas para poder adecuarse, pero no basta, necesitamos inversión rápida. Por eso, vamos a promover la participación privada mediante APP. El decreto 1280 considera que el Ministerio de Vivienda debe ser el que lleve adelante los procesos y no debe necesitar pedir permisos a los alcaldes. Como la iniciativa ha sido derogada por el Congreso, para no afectar la Ley Orgánica de Municipalidades estamos pidiendo que el tratamiento de los residuos sea una competencia compartida. Tenemos en Pro Inversión una ventana para iniciativas privadas en 11 localidades. El plazo para la presentación de iniciativas se vence el 24 de agosto, ya debemos tener propuestas. Además estamos trabajando un programa integral de tratamiento de aguas residuales que va a estar concluido en este mes.

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