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MTPE: La mayoría de cambios laborales no pasará por el Congreso

El titular del sector adelanta que, de las 19 medidas que tiene listas su sector, solo algunas pasarán por el Congreso

Aplauso para un ministro, por Iván Alonso

Después de haber estado inmerso en Tumbes por la emergencia a causa de las lluvias y huaicos, el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso Grados, retoma la agenda en materia laboral. El reto no es menor. Si bien ya tiene listas 19 propuestas de cambios, está pendiente una reforma más estructural, que deberá ser debatida en el Congreso. Dos centrales sindicales ya han marcado distancia de las conversaciones con el Gobierno.

—En el primer trimestre el sueldo promedio en Lima Metropolitana subió 1,5%. ¿Qué se espera para el segundo trimestre?
Nuestras proyecciones para este año son superiores. La coyuntura, sin duda, ha limitado el crecimiento de los niveles salariales. Creemos que la economía laboral peruana tiene que crecer a niveles de 4% o más en promedio.

—¿Cómo asegurará el MTPE la creación de empleo con la coyuntura de desaceleración económica? 
El objetivo de este gobierno es duplicar la formalidad laboral en estos cinco años. En el 2016 cerramos en 28%. La meta es llegar a entre 50% y 55%. Es un tremendo reto, porque las estadísticas nos demuestran que en promedio se avanza 1 punto por año; y nosotros queremos cinco puntos por año. Para eso se necesitan las reformas laboral y de protección social, pero también el crecimiento económico. Cuando el país crece por encima del 4% se genera empleo.

—En el 2017 no creceremos a 4%. Entonces, este año no se crearán empleos…
Este año la meta se ha puesto más difícil, pero a partir del 2018 retomaremos niveles de crecimiento más elevados.

—De las 19 medidas en materia de ceses colectivos, inspección laboral y arbitraje potestativo que ya tiene listas el MTPE, ¿cuántas deberán pasar por el Congreso?
No quiero adelantar un número, pero calculo que entre cinco y seis. Evidentemente, estas son las que modifican la ley y tienen una connotación de mayor envergadura, porque son temas más sustantivos. Las otras están relacionadas a reglamentos o procesos.

—Pese a que las medidas fueron presentadas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde se busca el consenso, dos centrales sindicales (CUT y CGTP) se apartaron de este.
Las dos centrales no se han retirado del CNT, y confío en que eso no llegue a ocurrir. Se nos dijo un día antes de la sesión del pleno del CNT que habían decidido no asistir a esa sesión, y así quedó sin quórum el CNT. Pero hubo una sesión informativa sobre las 19 propuestas.

—¿Este ‘impasse’ en el CNT puede ser un adelanto de lo que sucederá en el Congreso?
Tenemos una relación fluida con los congresistas, particularmente con quienes están en la Comisión de Trabajo. Esta es presidida por el Frente Amplio y la lidera Hernando Cevallos. Con él tenemos una relación permanente de diálogo e intercambio de opiniones. También tenemos contacto con todas las bancadas.

—El Gobierno busca promover la contratación de jóvenes vía el pago del aporte a Essalud por parte del Estado. Pero se critica que el principal deudor de la asistencia social es el mismo Estado. 
Existe el compromiso expreso del presidente de la República, del primer ministro y del ministro de Economía y Finanzas [con esta medida].

—¿Ello se plasmará en algún instrumento que garantice los recursos?
No es un esfuerzo fiscal gigantesco. Creemos que en un primer año podremos incorporar a 50.000 jóvenes.

—¿Manejan alguna cifra estimada?
El ingreso promedio de un joven que ingresa al mercado laboral es de alrededor de S/1.000 mensuales. Entonces, son S/50 millones de sueldo en la masa al mes. El 9% de eso es S/4,5 millones, por lo que son S/54 millones al año.

—Usted ha mencionado que uno de los problemas laborales del país es el bajo nivel de sindicalización. ¿Buscan elevarlo?

Somos muy respetuosos de la sindicalización como un derecho laboral y por supuesto que la voluntad del trabajador debe respetarse. Efectivamente, requerimos también ampliar la posibilidad de que en el país los trabajadores accedan a ese derecho, que en la gran mayoría les está marginado porque trabajan en la informalidad o el subempleo. Del total de trabajadores en el Perú, los sindicalizados son el 5% o 6%. Nosotros vamos a propugnar que el mercado laboral se formalice y eso permita también fortalecer la gestión sindical y le permita también modernizarse.

—¿En qué consiste la reforma laboral que prepara ahora el MTPE?
Tiene que ver con el ciclo laboral [la contratación, el desarrollo y la finalización], regímenes y costos laborales. Espero llevar al CNT en la primera semana de mayo las bases de esta reforma. Se discutirá ahí por lo menos dos meses y medio. Luego se integrará con la propuesta de protección social [pensiones, acceso a servicios de salud y seguro de desempleo]. Esperamos que el presidente en su mensaje del 28 de julio puede presentar la gran reforma sociolaboral. A partir de ahí empezará el debate en el Congreso.

—¿A qué se refiere con costos laborales?
Hay algunos sobrecostos que no benefician al trabajador y encarecen la mano de obra.

—¿Cuáles serían eliminados?
No diría ‘eliminados’, porque es una palabra muy tajante. Cualquier componente del salario que va directamente al bolsillo del trabajador y es perfectamente predecible para el empleador no constituye un sobrecosto. Por ejemplo, las gratificaciones. Sin embargo, para derribar algunos mitos acerca de los sobrecostos laborales, que yo creo que no son tan elevados, podemos utilizar mejor la RIA (remuneración integral anual), que ya existe en la normativa laboral peruana. Es un mecanismo que simplifica mucho el cálculo del costo laboral y permite un mejor planeamiento de la mano de obra en su contratación y desarrollo. Tal vez evaluemos la ampliación de la aplicación de la RIA en niveles de remuneración no tan elevados que hoy tiene.

—¿Las utilidades son un sobrecosto?
No lo considero un sobrecosto particularmente crítico.

—¿Y el tema de seguridad y salud en el trabajo?
Hay dos temas particularmente sensibles que tienen buenos objetivos y son necesarios: la ley de salud y seguridad en el trabajo, y la ley que promueve el empleo para personas con discapacidad. Pero sí creo que como normas legales hay aspectos por revisar.

—La reforma laboral también comprende cambios en la desvinculación laboral. Pero la rigidez que existe en esta se debe a interpretaciones judiciales y no a normas. ¿Cómo afrontarán esto?
Yo no me puedo arrogar la posibilidad de cambiar el criterio del Tribunal Constitucional (TC). Lo que sí puedo hacer es generar entornos de legislación y mercado laboral que eventualmente permitan al TC evaluar sus criterios al respecto.

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