"Estamos cerquita", dijo el presidente de Venezuela sobre un posible acuerdo con la oposición tras entablar el diálogo. (Foto: Reuters)
"Estamos cerquita", dijo el presidente de Venezuela sobre un posible acuerdo con la oposición tras entablar el diálogo. (Foto: Reuters)
Agencia AFP

incumplió su obligación de aportarle información económica al informó la entidad el viernes el mismo día en que Caracas convocó a sus acreedores para reestructurar su deuda externa.

Proporcionar datos sobre la seguridad social, el comercio exterior y otros indicadores económicos clave "es una obligación de todos los miembros del Fondo para permitir el monitoreo efectivo de la evolución macroeconómica en cada país, así como los efectos de ese país en otros países", recordó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras una reunión el viernes, el directorio ejecutivo emitió una declaración en la que instó al gobierno de "a adoptar medidas correctivas específicas" y anunció que se reunirá dentro de seis meses para considerar el avance de Venezuela en la implementación.

El FMI espera que "la decisión aliente a las autoridades venezolanas a volver a comprometerse con el Fondo mediante la provisión de datos oportuna y regular".

"La reanudación de dicho compromiso beneficiaría a Venezuela y a la comunidad internacional", concluyó.

El FMI no ha tenido contactos pertinentes con las autoridades en Caracas desde hace al menos 10 años, y no ha habido misiones de visita al país desde 2004, señaló un portavoz del FMI.

Maduro convocó a sus acreedores a una reunión en Caracas, tras anunciar el jueves que su gobierno iniciará una refinanciación y reestructuración de la deuda externa estimada en unos US$150.000 millones.

Sin embargo, los analistas de mercado son pesimistas sobre las posibilidades de una reestructuración exitosa y las agencias de calificación crediticia advierten cada vez más sobre el riesgo de incumplimiento.

La situación financiera de este país petrolero es aún más complicada luego de las sanciones impuestas por Washington a Caracas en agosto, que prohíben el intercambio de nuevos bonos emitidos por el gobierno venezolano y la empresa estatal petrolera , un paso necesario en cualquier reestructuración.

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