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Club de la construcción: Incorporan a 12 empresas como terceras responsables

GyM (subsidiaria de Graña y Montero), Cosapi y Obrainsa son algunas de las empresas que deberán asumir el pago de la reparación civil de forma solidaria junto con los investigados. 

Graña y Montero

Graña y Montero resaltó que el haber sido incorporada "no supone una afirmación de culpabilidad, sino que significa la eventual solidaridad para el pago de indemnizaciones al Estado" .(Foto: Archivo El Comercio)

Este jueves, se conoció que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada en parte la solicitud de incorporar a 12 constructoras como terceras civilmente responsables por una presunta asociación ilícita para delinquir, en el marco del Club de la Construcción.

Entre ellas, figuran Cosapi, GyM S.A. (subsidiaria de Graña y Montero), Obrainsa, Ingenieros Civiles y Contratistas (ICCGSA), Construcción y Administración, Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Málaga Hermanos, Johe S.A., OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Mota Engil Perú. 

En tanto, se desestima el pedido de incorporar como terceros responsables a las empresas San Martín Contratistas Generales y Grupo Plaza. La Procuraduría adelantó que presentará una apelación respecto a estas dos empresas.

Al respecto, Graña y Montero resaltó que el haber sido incorporada "no supone una afirmación de culpabilidad, sino que significa la
eventual solidaridad para el pago de indemnizaciones al Estado, en caso se compruebe la culpabilidad de alguna de las personas investigadas", informó en un hecho de importancia. 

Asimismo, informaron que el grupo colaborará con las autoridades a cargo de las investigaciones del proceso penal y tomarán acciones legales para hacer valer el debido proceso. 

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, las empresas mencionadas en el caso del Club de la Construcción habrían concertado distribuirse obras públicas. 

A la fecha, la Procuraduría ha embargado los bienes de varias de las empresas mencionadas por un valor superior a S/24 millones, con el fin de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. 

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