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Proyecto de ley telecom convierte al Internet en servicio público regulado

Manuel Cipriano, ex miembro del directorio de Osiptel, plantea a los congresistas que se inicie un debate profundo del tema y se elimine por completo la opción de tener empresas estatales operando en el sector

Manuel Cipriano

Manuel Cipriano fue director del Osiptel y ahora trabaja como abogado en el Estudio Torres y Torres Lara.(Foto; Archivo de Gestión)

Manuel Cipriano, ex miembro del directorio del Osiptel y hoy asociado al estudio Torres y Torres Lara, nos comenta en esta entrevista su perspectiva sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que se está elaborando en el Congreso.

¿Es la propuesta de ley telecom un texto que enfoca y entiende la sociedad digitalizada en la que vivimos? ¿Es la actualización que nos hace falta?
La Ley de Telecomunicaciones vigente data de 1993 y no preveía dentro de sus objetivos el tema de la digitalización, pues en ese entonces el objetivo era desarrollar los servicios de telefonía fija y la larga distancia. El Proyecto de Ley 4333-2018, más allá del interés por abordar temas como el internet, las TIC y las ciudades digitales, no alcanza a cumplir sus objetivos pues es excesivamente reglamentarista, está desenfocada de los principios de simplificación administrativa y, además, implica un retroceso en cuanto a la regulación que requiere el país para incentivar la competencia y facilitar el despliegue de infraestructura. En suma, no se aprecia un aporte en esta propuesta de ley y requiere ser reevaluada.

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¿Cuáles considera son los puntos más controversiales o preocupantes de la propuesta y que si o si deberían cambiarse?
El proyecto de ley abre la puerta a una intervención directa del Estado en el mercado de telecomunicaciones, sin tener en cuenta el rol subsidiario previsto en la Constitución, lo que implica un retroceso en el desarrollo del mercado y un retorno al país al nefasto modelo estatista del pasado. Por otro lado, crea nuevos procedimientos y trámites innecesarios, con plazos excesivos, sin tener en cuenta que la corriente actual tiende a la desregulación y simplificación de los trámites. Esto es preocupante porque, a pesar que la intención parece buena, el desarrollo del texto es completamente contradictorio con los fines e implica un retroceso a las tendencias de la regulación.

¿Qué cosas sí están bien tratadas y no deberían modificarse?
En principio considero que tocar temas como las nuevas tecnologías y el fomento a la digitalización es correcta, pero la forma y los mecanismos legales con que se quiere alcanzar los objetivos no son los adecuados, pues es contrario a los objetivos que pretende alcanzar e involucra una traba para desarrollar la competencia, la innovación y el despliegue de infraestructura que tanto se requiere en nuestro país. Además, la nueva ley debería abordar los objetivos, principios, aspectos generales, funciones de las entidades reguladoras; sin embargo, el proyecto de ley es excesivamente reglamentarista, lo que dificulta que a futuro se pueda realizar las modificaciones que se necesiten.

En el tema de las funciones del Estado como operador estatal. ¿Qué se debería hacer o modificar en el texto? ¿Por qué no conviene dejarlo cómo está?
El proyecto de ley debería respetar el rol subsidiario previsto en el artículo 60 de la Constitución Política, que restringe la intervención del Estado solamente por alto interés público o conveniencia nacional. No conviene mantener el texto propuesto porque implica un riesgo para el desarrolla del mercado de telecomunicaciones y genera incertidumbre a los inversionistas sobre las políticas que guiarán al país en los próximos años, en un entorno que se necesita más inversión, ampliar la cobertura a los lugares más apartados, mejorar la calidad y propiciar el desarrollo de las nuevas tecnologías como 5G.
En el pasado ya hemos tenido la experiencia de la empresa estatal de telecomunicaciones y el resultado era en extremo negativo. En 1993 teníamos apenas 3 líneas fijas por cada 100 habitantes y para contar con un teléfono había que esperar años; pero ahora tenemos un mercado móvil de más de 41 millones de líneas, el teléfono lo consigues en unas horas y el mercado es uno de los más competitivos con tendencia a la reducción de precios y la mejora en tecnologías.

¿Cómo era concebida la función estatal en el anterior Fitel y en la anterior ley telecom? ¿Cuál es el cambio con Pronatel? ¿Qué debería definir la nueva ley sobre Pronatel hoy?
El Fitel, tal como está concebido en la ley vigente, nació exclusivamente para proveer de servicios de telecomunicaciones esenciales a los lugares más apartados del país y hasta hace algunos años atrás se ha seguido esa línea. Pero lo que se propone ahora es que el fondo sirva además para las actividades de supervisión y fiscalización de los proyectos, además de la operación misma. Se añade a ello otras actividades como la alfabetización y el desarrollo de habilidades digitales que no están previstas en la ley vigente. Si bien estas últimas actividades son necesarias, debe respetarse el hecho que lo fundamental es llegar con los servicios de telecomunicaciones o banda ancha a las zonas que no tienen acceso hasta hoy en día, pues el fondo no tiene recursos ilimitados y, por tanto, debe cuidarse el destino que se le da.

¿Cómo es el tratamiento de la función estatal en las telecom en la región? ¿Cuál es la tendencia?
En Latinoamérica la tendencia es que el sector privado esté a cargo de las empresas de telecomunicaciones, dándose la participación directa del Estado en pocos países con tendencia a dejar esa tarea. Inclusive, cuando se firmó el TLC con EE.UU., en lo que respecta al Capítulo de Telecomunicaciones, nuestro país dejó muy en clara su posición respecto el rol subsidiario estatal, lo que facilitó las negociaciones con el país del norte, en cuanto a mantener la tendencia de la regulación y el respeto a la inversión privada como políticas que orientan a nuestro país.

¿Cómo se concibe y regula el Internet y su libertad en la norma? ¿Cómo era concebido hasta ahora ( ley antigua).? ¿En qué cambia su tratamiento? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio?
La Ley de Telecomunicaciones de 1991 no hacía mención al Internet, pues en esa época aún no se había desarrollado de la manera tan explosiva como la conocemos hoy en día, y actualmente para que las empresas puedan brindarlo basta un registro ante el MTC.
La propuesta contempla que el Internet es un Servicio Público de Telecomunicaciones, por tanto, como tal, requeriría de una concesión de servicio público, debiendo seguir un trámite ante el Ministerio de 90 días, siendo esto una traba innecesaria para facilitar la competencia en este mercado y la digitalización. Además, de ser así, implicaría que el regulador tenga que supervisar y fiscalizar todas los servicios y aplicaciones que se soportan en la red de Internet, sin considerar que la mayoría de operadores no se encuentran en el país y que es casi imposible su control, al no tener soberanía sobre todas las actividades que allí se realizan.

¿Cuál es la tendencia internacional? ¿Cómo debería ser concebido el Internet y los servicios que se basan en él?
El Internet, en términos generales, no tiene ninguna regulación porque su control es casi imposible y en esa línea están las actividades y servicios que se soportan en ella como son las OTT y las Apps. Esta carencia de regulación del Internet ha sido fundamental para el enorme desarrollo que ha logrado en los últimos años. La tendencia en el mundo en los países que pretenden proteger aspectos fundamentales como la privacidad, la protección de datos, lucha contra la piratería y la seguridad, es mediante acuerdos internacionales. Pero es un tema que amerita mucha discusión y un análisis muy técnico.

¿Qué recomendaría a los congresistas en torno a este tema y la citada propuesta legal?
Sería recomendable reevaluar el proyecto de ley y abrir un espacio de discusión técnica para que los interesados, empresas, sector público y académico, podamos opinar sobre el texto a fin de llegar a una propuesta que canalice los intereses, de desarrollo tecnológico, innovación, desarrollo de infraestructura y que permita seguir incentivando la competencia en el sector y la mejora en precios y calidad de los servicios que tenemos.


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