Odebrecht deja huella de devastación desde los Andes al Caribe
Odebrecht deja huella de devastación desde los Andes al Caribe

(Bloomberg) - Los camiones ascendieron hace cinco meses hasta las tierras de Braulio Pucllo en los Andes y apilaron decenas de tubos de acero de 5 toneladas junto a un camino. Trabajadores de un grupo encabezado por la compañía constructora le dijeron que los tenderían y soldarían, pero Pucllo no los ha vuelto a ver.

“Queremos que regresen y terminen el trabajo”, dijo Pucllo, que tiene 30 años, mientras la lluvia se transforma en granizo y sus alpacas deambulan entre los tubos. “Aún estarían aquí trabajando de no haber sido por la de Odebrecht. Todo el que aceptó su dinero debe estar en la cárcel”.

No era eso lo que se buscaba para el mayor proyecto de infraestructura de Perú. El Gasoducto Sur Peruano de 1.025 kilómetros (637 millas) saldría de los yacimientos de gas de la selva de Cusco y ascendería casi 5.000 metros (16.405 pies) sobre el nivel del mar para luego descender. Se habían instalado apenas 33 kilómetros de tuberías antes de que acusaciones de soborno pusieran fin al acceso de Odebrecht a fondos, lo que llevó al gobierno a rescindir el contrato el mes pasado.

Peor aún, el gasoducto de US$7.300 millones es sólo una de las numerosas víctimas del escándalo regional que emana de la mayor constructora de América Latina. Fiscales de 11 países han firmado un acuerdo para profundizar la investigación de la red de sobornos de Odebrecht pagados a políticos, algunos en forma de donaciones de campaña, según se reveló en Brasil. La magnitud de las consecuencias dista de ser clara, pero afecta a los gobiernos –y hasta a las economías- desde los Andes hasta el Caribe.

HA AFECTADO A TODOS LOS PAÍSES

“Ha afectado a todos los países y ha llegado al nivel más alto”, dijo Walter Molano, economista jefe de BCP Securities LLC en Greenwich, Connecticut.

Durante más de 10 años, Odebrecht encabezó una fuerte expansión de las compañías constructoras brasileñas en la región. Funcionarios ofrecían miles de millones de dólares por carreteras, trenes, aeropuertos y plantas de energía, y Odebrecht participaba. El imperio viene derrumbándose desde hace más de dos años y su máximo responsable, Marcelo Odebrecht, cumple una condena a 19 años de reclusión en una cárcel de Brasil. La declinación se ha acelerado desde diciembre, cuando la compañía se declaró culpable en los Estados Unidos y aceptó el mayor acuerdo por soborno de la historia: una multa de US$4.500 millones por delitos en 12 países, en su mayor parte en América Latina y el Caribe. (La compañía podría terminar por pagar sólo US$2.600 millones.)

Al solicitársele declaraciones, Odebrecht dijo que está “cooperando con las autoridades brasileñas y extranjeras en las investigaciones”. Agregó que estima que debe “cambiar el tenor de sus relaciones con organizaciones públicas y privadas” y señaló que está “adoptando medidas para fortalecer el compromiso con prácticas empresariales éticas y alentar la transparencia en todos los actos con miras a dar vuelta la página e impulsar el desarrollo”.

En ningún lugar el escándalo ha resultado más nocivo que en Perú, donde al presidente Pedro Pablo Kuczynski le cuesta cumplir su promesa de impulsar el crecimiento mediante la inversión en infraestructura. La cancelación del contrato del gasoducto con Odebrecht postergó un plan de infraestructura de US$7.000 millones. Otros proyectos se han desacelerado debido a que se ha redoblado el escrutinio. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, se vio obligado a rebajar un punto porcentual su pronóstico de crecimiento para 2017.

PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO PERUANO

Kuczynski también debe esforzarse para evitar que su gobierno sucumba al creciente escándalo apenas ocho meses después de entrar en funciones. Una corte local dispuso la detención del ex presidente Alejandro Toledo en el marco de una amplia investigación tras admitir Odebrecht que había sobornado a funcionarios de los tres gobiernos anteriores. Toledo, un ex profesor de la Universidad de Stanford, es acusado de haber obtenido US$20 millones a cambio de un contrato de autopistas y desde entonces ha desaparecido. Recurrió a Twitter para negar toda conducta inapropiada y afirmar que es víctima de una caza de brujas por motivos políticos.

Los fiscales analizan el papel de Kuczynski en el contrato de autopistas, dado que se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas de Toledo, y han solicitado una investigación aparte sobre versiones de que un fondo de capital privado que administraba recibió pagos de Odebrecht. Kuczynski niega haber recibido sobornos, pero los peruanos lo dudan cada vez más. El nivel de aprobación a su gestión era de 29 por ciento el mes pasado, algo menos de la mitad del nivel que tenía al asumir la presidencia, según GfK Perú, una firma de análisis.

La desconfianza es evidente hasta en los Andes, lejos de la capital peruana. El gasoducto impulsó la economía de la ciudad de Calca durante los dos últimos años, cuando creó empleos y colmó hoteles y restaurantes. Ahora que el gasoducto se encuentra abandonado y se desvanecen las esperanzas de un suministro barato de gas, la población local se siente frustrada. Sonia Quispe, vendedora de un comercio, dijo: “Si es cierto que los presidentes son culpables de corrupción, deben pagar por lo que hicieron. No confío en ninguno de ellos”.

También el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, que fue reelecto el año pasado con el mayor nivel regional de aprobación, ha visto cambiar su suerte como consecuencia de Odebrecht. Su principal proyecto, una planta de energía a combustión de carbón de US$2.000 millones que construía Odebrecht, quedó paralizado al interrumpirse el financiamiento debido a las revelaciones. Eso ha obligado al gobierno a recurrir al mercado para obtener centenares de millones de dólares que necesita en momentos en que su presupuesto ya se ve presionado.

A los efectos de combatir la caída del nivel de aprobación, Medina ha nombrado una comisión investigadora y ha condenado públicamente a Odebrecht, que admitió en los tribunales de Estados Unidos que había sobornado a funcionarios locales entre 2001 y 2014.

“Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la corrupción es un mal endémico en nuestra sociedad”, dijo Medina al Congreso a fines del mes pasado. “Nos encontramos ante una epidemia regional e internacional”.

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