Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, después del concedido en 2016 a la empresa de telefonía Oi (64.000 millones de reales).
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, después del concedido en 2016 a la empresa de telefonía Oi (64.000 millones de reales).
Redacción EC

El conglomerado SA dijo el lunes que solicitó un pedido de recuperación judicial de las empresas en la Comarca de la Capital del Estado de Sao Paulo en Brasil, con el objetivo de reestructurar pasivos por 51.000 millones de reales (US$13.000 millones), en lo que sería una de las mayores reestructuraciones de deuda en la corte en

"Frente al vencimiento de diversas deudas, del acontecimiento de hechos imprevisibles y de los recientes ataques a los activos de las Empresas, la administración de ODB, con autorización del accionista controlador, concluyó que el registro de la recuperación judicial se convirtió en la medida más adecuada para posibilitar la conclusión con éxito del proceso de reestructuración financiera", indicó la compañía.



 

No se han incluido en el perímetro del pedido de recuperación judicial a las siguientes sociedades: Braskem S.A., Odebrecht Engenharia e Construção S.A., Ocyan S.A., OR S.A., Odebrecht Transport S.A., Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A., Enseada Industria Naval S.A. (conjuntamente denominadas “Negocios”), así como algunos activos operativos en Latinoamérica y sus respectivas subsidiarias.

También están fuera de la recuperación judicial de ODB Atvos Agroindustrial S.A. (que ya se encuentra en recuperación judicial) y Odebrecht Corredora de Seguros, Odebrecht Plan de Pensión y la Fundación Odebrecht.

El pedido de recuperación judicial se produce tras años de complicaciones para Odebrecht, el grupo de ingeniería atrapado por la amplia investigación por corrupción del caso que se extendió por Latinoamérica.

Los principales acreedores del conglomerado son los prestamistas estatales Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y BNDES, así como los privados Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil SA.

El grupo fue asesorado por la compañía de reestructuración financiera RK Partners y la firma de abogados E. Munhoz Advogados.

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