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Proponen seis años de cárcel para la especulación en emergencia

Especulación, acaparamiento, concertación y abuso de posición de dominio recibirían sanción penal con nueva propuesta legal

Multas y cárcel por entre dos y seis años para quienes realicen prácticas que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia, propone el congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales Ardiles, presidente de la comisión de defensa del consumidor. Follow@EconomiaECpe

La propuesta legal, comentó, cuanta con el respaldo de su bancada y el visto bueno de los miembros de la comisión, quienes debatirán este proyecto de ley el martes. Su objetivo es que pase al pleno programado para el 6 de abril y sea aprobada.

Según explicó, la medida surgió luego de constatar que, a raíz de las lluvias y huacos producidos por el Fenómeno de El Niño, en los mercados existía manipulación de precios de alimentos de primera necesidad. Dichos problemas fueron previamente denunciados por variedad de consumidores en las redes sociales y en algunos programas de televisión local en las últimas dos semanas.

NUEVAS PENALIDADES

¿En qué consiste su propuesta? Dentro del capítulo de delitos económicos añaden dos artículos (232 y 233) y al artículo 241 le agregan un acápite más, todos con el objetivo de establecer sanciones para prácticas que definen como anticompetitivas. El primer artículo propuesto establece que el abuso de posición de dominio será penado con cárcel. En nuestro país no está prohibido el monopolio o que exista un competidor con más del 50% de participación de mercado, lo que no está permitido es que, valiéndose de dicha ventaja, se saque un provecho indebido y se impida el desarrollo de la competencia. La novedad aquí sería que se está estableciendo una pena privativa de la libertad de entre dos y seis años a quien distorsione la libre competencia. El segundo artículo está relacionado con la especulación. En el se propone que quien acapare bienes de consumo con el fin de alterar precios, provocar escasez y obtener lucro con ello también reciba cárcel por entre dos y cuatro años. Si se trata de bienes de primera necesidad la pena será entre tres y cinco años. La tercera propuesta consiste en establecer que se le dará entre tres y cinco años de privación para contratar con el Estado a quien haga acuerdos con funcionarios públicos para alterar los precios en concursos o licitaciones.

El precio del limón retrocedió en Lima y ya llegó a S/5 el kilo.

APLICABLE SOLO A EMERGENCIAS

Al inicio de la semana pasada, ante las quejas de los consumidores que viven en las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño, se consultó a expertos en derecho penal sobre la posibilidad de establecer un castigo para quienes estaban cometiendo el delito de especulación.

Augusto Linares Muñoz, de Linares Abogados, dijo que en nuestro país no es posible sancionar ni el acaparamiento ni la especulación. El acaparamiento ya no estaba considerado delito desde el 2008 y la especulación en teoría se sanciona, aclaró, pero en la práctica no porque no hay precios para los alimentos de primera necesidad fijados por el Estado sino que se rigen por la oferta y la demanda. Si no hay como demostrar que se está infringiendo la ley con un precio, no procederá la sanción, destacó.

Juan Carlos Gonzales comentó al respecto que el proyecto de ley a debatirse está condicionado a una situación excepcional, la declaratoria de emergencia, y establecerá la sanción penal cuando el productor, proveedor o comerciante de bienes de primera necesidad proceda de forma deshonesta.

Será el Ejecutivo quien señalará vía decreto de emergencia cuáles son los bienes y servicios de primera necesidad y cuáles son los precios habituales de los mismos en la zona donde ocurre la tragedia. Si los precios son superiores a lo habitual en dichos lugares se merecerá cárcel, aclaró.

En condiciones normales el mercado se seguirá manejando por la ley de la oferta y la demanda, recalcó.

Durante los días de intensas lluvias los consumidores de Piura y Trujillo reclamaron por la escases de alimentos en los supermercados.(Foto: Difusión)

LIBRE MERCADO

Carlos Parodi, catedrático e investigador sobre crisis financieras de la Universidad del Pacífico, explicó que en nuestro país los precios no son fijados por el Estado, sino por la oferta y la demanda, y la intervención del Gobierno sería viable solo en grados extremos, como cuando hay un monopolio.

Parodi explicó que la especulación, cuando uno compra barato y lo guarda para venderlo mucho más caro cuando falta, no es fácil de neutralizar. La forma natural de contra restar esta práctica, dijo, está en manos de los consumidores, quienes tienen la opción de reemplazar los alimentos sujetos de la especulación con aquellos cuyos precios no han subido o están bajando, tal como ocurrió con el limón hace un par de semanas.

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