América Latina y el Caribe posee un enorme potencial hídrico. Concentra cerca del 30% del agua dulce del planeta, alberga grandes cuencas como la amazónica y cuenta con ecosistemas clave para la regulación del ciclo del agua. Este capital natural representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la seguridad alimentaria y avanzar en la transición energética. Bien gestionado, el recurso hídrico puede ser un motor de crecimiento, inclusión y resiliencia climática.
A nivel global, el agua enfrenta crecientes presiones que refuerzan la necesidad de una mejor gestión. Tres de cada cuatro personas viven en países con inseguridad hídrica y los sistemas naturales muestran señales de deterioro. Este contexto subraya la importancia de anticipar riesgos, optimizar el uso del recurso y fortalecer la gobernanza del agua.
En América Latina y el Caribe, estas tensiones también son evidentes. Aunque la región dispone de abundantes recursos, el 35% de su población —232 millones de personas— vive en zonas con estrés hídrico, mientras que casi una cuarta parte del territorio presenta condiciones áridas o semiáridas. Entre 2020 y 2025, las sequías generaron pérdidas por 20 mil millones de dólares, cuadruplicando el promedio anual de las dos décadas anteriores. A la vez, las inundaciones ocurren con mayor frecuencia, con un evento cada 11 días en promedio, afectando a 3,9 millones de personas al año.
A ello se suma un problema estructural de gestión. El 55% del agua utilizada se descarga sin tratamiento, lo que reduce la disponibilidad de agua limpia. Esta situación contribuye a que más de 145 millones de personas en la región no tengan acceso a agua segura y el número se duplica en situación de falta de saneamiento seguro, con implicaciones en el desarrollo humano, la productividad y el medio ambiente.
El caso de Perú refleja brechas con temáticas similares. Cerca de 17 millones de personas no acceden a agua potable segura y 12 millones de habitantes urbanos carecen de tratamiento de aguas residuales, lo que evidencia desafíos persistentes en infraestructura y gestión.
Frente a este escenario, es necesario un cambio de paradigma. Se requieren políticas de Estado, marcos regulatorios que prioricen la seguridad hídrica y mayor previsión de inversiones. También es clave fortalecer capacidades institucionales en todos los niveles y garantizar servicios sostenibles y resilientes.
En este contexto, CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— ha reforzado su compromiso con la región combinando financiamiento y asistencia técnica. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 2023, asumió el
compromiso de aprobar operaciones por USD 4 mil millones de entre 2023 y 2026, alcanzando un 85% de ejecución en su tercer año. Este impulso ha sido acelerado por la Facilidad CAF-PPSA, que brinda apoyo de preinversión no reembolsable y actualmente administra USD 36 millones, beneficiando a 15 países de la región.
El agua es un activo estratégico. Gestionarla mejor, será clave para cerrar brechas básicas para reducir la pobreza y asegurar un desarrollo sostenible.
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