Más allá del ‘pico y placa’, por Michelle Barclay

El plan vehicular ‘pico y placa’ ha generado en la ciudadanía especulaciones de todo tipo respecto a las probabilidades de su éxito o fracaso.

Hoy es demasiado pronto para realizar un análisis del real impacto de esta medida para gestionar el tránsito en Lima. Si es una restricción que funciona o no, lo sabremos en algunas semanas cuando el tránsito en la ciudad vuelva, después de las Fiestas Patrias, los Juegos Panamericanos y las vacaciones escolares, a un ritmo regular. La polémica desatada en los últimos días va más allá del ‘pico y placa’. 

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Esta medida ha “tocado fibra” en los limeños que estamos extenuados del caos vehicular en la ciudad y ha abierto una ventana para poder gritar “auxilio” a las diversas autoridades competentes.  

Para conocimiento público, nuestro país cuenta con un Reglamento Nacional de Tránsito actualizado en el 2018 y que, lejos de ser un pequeño manual, es un código de más de 340 artículos que regula el uso de las vías públicas terrestres y que aplica a la circulación de personas y vehículos en sus actividades de transporte.  

Además, este compendio normativo va acompañado por un detallado régimen de sanciones actualizado a enero de este año, que lista las diversas infracciones de tránsito y las multas aplicables. Es decir, es claro que por falta de normas no nos quedamos. 

Sin embargo, en nuestra experiencia diaria pareciera que vivimos en un caótico mundo sin reglas de tránsito.

Si manejamos por cualquiera de las grandes vías de la ciudad estamos destinados a tener como compañero de ruta a un conductor que: nos toca innecesariamente la bocina, nos adelanta bruscamente haciendo maniobras peligrosas y que, lejos de seguir en el mismo carril, tiene la osadía de cruzar bruscamente hasta el carril que se encuentra en el extremo opuesto de la avenida.  

Cada una de estas acciones constituye una infracción a nuestro código de tránsito. Sumadas las diversas infracciones, la multa que tendría que pagar nuestro compañero de ruta por su falta de civismo e imprudencias en la pista sería de aproximadamente S/1.200.  

Si se le exigiera el pago de la multa, se desincentivarían dichas conductas. Sin embargo, nos resignamos con ira y frustración a que esa persona siga su camino sin sanción alguna y vuelva a cometer las mismas faltas unas calles más allá.  

Ante este escenario, nos preguntamos, ¿dónde están las autoridades que fiscalizan y aplican las sanciones por infracción de las reglas de tránsito? Necesitamos su presencia con apuro.

Se dice que Abraham Lincoln señaló: “Una norma que no se exige es solo un buen consejo”. Totalmente cierto. De nada sirve tener un desarrollado código de tránsito si nuestras autoridades encargadas no exigen su aplicación ni tampoco sancionan los incumplimientos.

Leyes sin aplicación son letra muerta.