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Si creáramos una línea del tiempo imaginaria sobre el envejecimiento de la población en diferentes regiones, veríamos claramente que está unos 30 años por detrás de Europa.

Esto, a diferencia de la mayoría de indicadores, es algo bueno. Mientras que en el viejo continente los mayores de 65 años representan al 20% de la población, en América Latina solo equivalen al 8%. Por lo tanto, la mayoría de latinoamericanos son jóvenes, están en edad de trabajar y teóricamente pagan impuestos en mayor medida, que se podrían también destinar a costear gastos e inversiones públicas, entre ellas los sistemas de protección social.

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El problema es que la línea temporal imaginaria no se detiene y dentro de tres décadas los mayores de 65 años alcanzarán el 17,5% de la población, y para finales de siglo superarán el 30%. Estas cifras plantean una pregunta incómoda para las sociedades latinoamericanas: ¿están los sistemas de pensiones y servicios de salud preparados para garantizar tu protección social en la vejez?

La respuesta rápida, según el (RED 2020), publicado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, es que no. Su diagnóstico sobre el estado de los sistemas de protección social evidencia que en la mayoría de países una proporción importante de los adultos mayores no reciben ningún tipo de jubilación o pensión. Esta falta de cobertura tiene que ver con un gasto público insuficiente y, en ocasiones, mal orientado.

Una de las razones por las que no se reciben las inversiones necesarias es porque se pueden generar resistencias, o ser inviables financieramente, ya que los beneficios tienden a verse gradualmente y en el largo plazo, mientras que los costos se asumen en el corto plazo. Adicionalmente, los altos niveles de informalidad laboral en la región (de aproximadamente el 50% de la población) son otro obstáculo para que los Estados recauden los fondos necesarios para asegurar pensiones aceptables, tanto para los que hoy son jóvenes como para los que hoy tienen más de 65 años.

“No solo se trata de gastar más, sino de ser más eficiente en los gastos. De hecho, el 80% de la brecha en la cobertura con respecto a los países de la OCDE podría cerrarse con mejoras en la eficiencia”, dice Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento en CAF.

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Como medidas complementarias, Sanguinetti considera que para mejorar los sistemas de pensiones y garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo será necesario implementar políticas para incrementar la formalidad laboral, aumentar la recaudación impositiva y ampliar la cobertura de las prestaciones de pensiones y salud.

Algunas opciones para aumentar los ingresos de los sistemas pensiones y salud pasan por incrementar la cantidad de contribuyentes y las tasas de las contribuciones. Estas últimas no difieren en promedio demasiado de las tasas de la OCDE, aunque de nuevo en este indicador los resultados son muy heterogéneos por país. Otra forma de aumentar la recaudación por contribuciones consiste en incrementar la proporción de personas que trabajan, por ejemplo aumentando la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral o subiendo marginalmente la edad de retiro, e incrementando la proporción que realiza aportes.

Aunque el tema del envejecimiento de la población no ocupa un lugar destacado en la agenda pública y mediática de la región, sí ha motivado algunas discusiones sobre reformas. Brasil, por ejemplo, introdujo una reforma de pensiones en 2019, y México y Perú también están evaluando modificaciones en sus sistemas. Por su parte, Uruguay creó una comisión de expertos que trabajará en una propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.

El debate sobre las pensiones del futuro en América Latina no está todo lo avanzado que debería para enfrentar el envejecimiento de su población. Por eso, las esperanzas de contar con pensiones dignas para la actual mayoría de la población (los que están en edad de trabajar) pasa por comenzar a programar reformas ante una realidad demográfica inevitable.

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