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"El BCR de las APP", por Carlos Ganoza

“La duración promedio de los ministros de Estado en el Perú desde el 2001 no supera los 13 meses”, indica el economista y cofundador de Quantum Talent

ProInversión

"Es evidente que un Proinversión débil no podrá liderar el impulso a las APP", refiere Ganoza. (Foto: Archivo)

El Perú no va a cerrar su brecha de infraestructura sin un programa ambicioso de asociaciones público-privadas (APP). Y eso no es posible sin un ProInversión mucho más sólido y competente. ProInversión debería ser a las APP lo que el Banco Central de Reserva es a la política monetaria

El marco normativo de las APP en el Perú lleva años siendo considerado entre los mejores de la región. Sin embargo, en ese mismo período, el país se ha rezagado notoriamente en el avance de su programa de APP. El problema no es uno de leyes, sino de cómo funcionan las instituciones del sector público encargadas de llevar a cabo los proyectos, y en el centro de ese arreglo institucional está ProInversión. 

Es evidente que un ProInversión débil, sin las funciones que requiere, sin la capacidad para tomar decisiones claves en el proceso de diseñar, estructurar y concursar un proyecto, sin personal con la experiencia y conocimientos técnicos necesarios, y sin un buen sistema de rendición de cuentas y transparencia, no podrá liderar el impulso a las APP

El primer problema es que la gobernanza de ProInversión no genera incentivos para su fortalecimiento institucional.

En el 2016, se promulgó un decreto legislativo que cambiaba las funciones y composición del máximo órgano de gobierno de ProInversión, su consejo directivo, para enfocarlo en temas de mediano plazo y dotarlo de miembros independientes. Sin embargo, en julio, se revirtió esta composición y se regresó a un esquema anterior con un consejo directivo formado solo por cinco ministros de Estado. 

Esto tiene varias deficiencias. La primera es que los ministros no tienen por qué ser expertos en APP; de hecho, la mayoría no lo son, muchos nunca han tenido contacto con ese tipo de mecanismo. Aun así les toca tomar decisiones claves sobre los proyectos. 

Lo segundo es que la duración promedio de los ministros de Estado en el Perú desde el 2001 no supera los 13 meses, mientras que un proyecto de APP no dura menos de tres años. Por lo tanto, los ministros en el consejo directivo tienen un incentivo muy fuerte en desarrollar una agenda de muy corto plazo, priorizando los proyectos que puedan adjudicar ese año, descuidando otros de más largo plazo –aunque sean mucho más importantes– y descuidando el fortalecimiento de la institución. 

Es más, frente a la presión política de acelerar las adjudicaciones, los ministros suelen ceder y privilegiar la rapidez versus el buen diseño de un proyecto. 

El resultado son sobrecostos, mala calidad y exceso de adendas.

Es posible que en este contexto político el Gobierno no habría podido nombrar a independientes calificados en el directorio de ProInversión, pero la respuesta no es resignarse a una gobernanza disfuncional.

Si realmente queremos cerrar la brecha de infraestructura, no podemos abandonar la visión de que ProInversión sea el Banco Central de Reserva de las APP.

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