(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

(Escribe: Joaquín Rey) El ministro ha anunciado que la construcción del se hará mediante una obra pública tradicional para luego concesionar la operación mediante una asociación público-privada () auto-sostenible. La idea original era realizar una gran APP tanto para construcción como para operación. Al partir el proyecto, el Estado se queda con el hueso y el privado se lleva la carne.

La principal ventaja de las APPs respecto de las obras públicas es que permiten transferir riesgos al concesionario. La mayor parte de los riesgos de un proyecto se encuentran en la fase de construcción: incremento en precios de insumos, demoras en construcción, riesgos geológicos, etc.

Con la decisión del ministro Giuffra, todos estos riesgos serán asumidos por el gobierno. Solo una vez que se hayan concluido las obras (y los peruanos hayamos pagado todos sus costos y sobrecostos), se entregará un aeropuerto con gran potencial y bajos riesgos a una empresa operadora. Esto no tiene sentido, el proyecto debería ser ejecutado mediante una APP integral.

Además de una mejor distribución de riesgos, una APP integral tendría otras ventajas. La primera tiene que ver con eficiencia. El ministerio ya está trabajando una licitación para el cerco perimétrico y otra para movimiento de tierras. ¿Cuántas más vendrán?

En lugar de un solo gran contrato de concesión, el proyecto terminará lleno de pequeños contratos de obra. Esto no permite aprovechar las economías de escala: cada contratista tendrá gastos generales y utilidades que irán sumando.

Más preocupante aún es la capacidad del Ejecutivo: si ya existen problemas para administrar un contrato, mayores problemas vendrán al administrar varios contratos.

Otra ventaja de una APP integral es la alineación de incentivos. Si un mismo privado se encarga de la y la operación, tendrá todos los incentivos para ejecutar una obra de calidad puesto que luego la administrará y mantendrá. A diferencia de ello, un contratista que solo construye buscará minimizar costos hoy, sin importarle que mañana haya que gastar más en mantenimiento, ampliaciones o mejoras.

También está el aspecto financiero. Un argumento usado en favor de la de obra pública es que no tiene sentido pagar intereses a un concesionario para la construcción cuando el Estado puede poner recursos directamente (el propio presidente Kuczynski lo usó en la renegociación del contrato con Kuntur Wasi).

Lo cierto es que los recursos públicos no caen del cielo: dado el actual déficit fiscal (3,2% del PBI en 2017, el más alto en 17 años), pagar por las obras requerirá incrementar la recaudación o incrementar la deuda pública. Lo primero es improbable (la recaudación está a la baja desde 2014) y lo segundo generaría pago de intereses de cualquier modo.

Finalmente está el tema de la corrupción, tan relevante actualmente. Resultará mucho más complejo fiscalizar varios contratos de obras y servicios que un solo gran contrato de concesión.

El gobierno debería hacer una pausa y reiniciar un proceso de concesión integral. La decisión del ministro Giuffra sacrifica costo y calidad en el largo plazo por ganar unos meses. ¿Qué sentido tiene esto en un proyecto cuya vida útil será de varias décadas?

Lea más noticias de Economía en...