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Un chip para mover un elefante, por Piero Ghezzi

El nuevo gobierno debe afrontar los problemas de coordinación que sufre el sector público y lograr cambios

El Gobierno promulgó reglamento de Ley del Servicio Civil

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Apenas acepté ser ministro en febrero del 2014, un amigo me llamó a decirme: “Te darás cuenta de que no podrás hacer mucho de lo que quieres”. Afortunadamente, mi amigo estaba equivocado. Pero antes de poder avanzar con la agenda de cambios que me propuse, cometí dos errores.

El primero fue asumir que aquellos con años de experiencia en el sector público podían hacer que las cosas pasen. Sin embargo, para algunos, sobre todo aquellos que no buscan ser mejores, 10 años en el sector público no eran, realmente, 10 años de experiencia. Equivalían a un año de experiencia repetido 10 veces.

El segundo fue asumir que personas relativamente exitosas en el sector privado serían siempre capaces de repetir dicho éxito en el público. Las ganas de hacer cosas, sin entendimiento de cómo funciona el Estado, no son suficientes. Es como buscar avanzar rápido sin tener dirección. 

La conclusión evidente fue que una entidad pública requiere tanto de gente que conozca bien el Estado, como de aquellos del sector privado o académico que traigan nuevas ideas y conocimientos. Pero, fundamentalmente, requiere funcionarios públicos con el chip correcto: con ganas de hacer la diferencia, entendiendo con realismo lo que se puede hacer.

Esta reflexión es relevante ahora que el gobierno ha cumplido 100 días y enfrenta las dificultades de hacer cumplir las expectativas de la población. La nueva administración va a necesitar este perfil de funcionario porque tiene que gestionar un Estado débil, con un grave problema de fondo: funciona muy mal, particularmente por la falta de coordinación dentro del propio sector público.

La falta de coordinación se da, por ejemplo, cuando las entidades del Estado no escuchan al ciudadano o al sector productivo, y emiten normas o dan políticas públicas que no reflejan la realidad. Por lo tanto, o no se pueden implementar o, si se implementan, resultan perjudiciales.  

Incluso cuando las normas o políticas publicas son buenas pueden terminar en letra muerta si no se coordina la implementación. Por ejemplo, se puede emitir un buen lineamiento para el sector forestal, pero como no se trabaja su implementación con las instancias regionales, sencillamente nadie en Ucayali o en Loreto las aplica bien. 
La vemos también cuando dos o más entidades del sector público no coordinan y generan duplicidad de trámites. O cuando no alinean sus intervenciones: por ejemplo, el Minagri ejecuta una irrigación, pero el MTC no prioriza las obras que permitan su conectividad.

¿Cómo puede el gobierno actual contrarrestar estos problemas? Con liderazgo y visión. El liderazgo va a tener que venir del presidente y del primer ministro. Este último, en particular, tendrá que liderar el acercamiento del Estado al ciudadano. Ello implica, como escribió Gianfranco Castagnola hace unos días en este Diario, “dar señales claras de que el gobierno inicia el desmontaje de la perversa sobrerregulación sectorial y de mercados, y de la proliferación de trámites que ahogan la actividad productiva. Este es un trabajo de hormiga, laborioso, poco gratificante, pero de gran impacto en el mediano plazo. Implica inmersiones dentro de cada ministerio, pero también intensas coordinaciones intersectoriales –como las que se aplican en Produce en las mesas ejecutivas–”. Ese liderazgo requerirá construcción paulatina de capacidades dentro de la PCM. 

Tan importante como el liderazgo será tener una visión. Para llegar al desarrollo tenemos que cerrar nuestras brechas (de infraestructura, de capital humano, de conocimiento, etcétera). Ello requiere gasto público, buena parte corriente. Dado que nuestros ingresos de gobierno son muy bajos (20% vs. 24% promedio en Alianza del Pacífico y 40% en la OCDE), medidas como bajar el IGV (que cuesta aproximadamente S/3.000 millones) o aumentar deducciones tributarias no están justificadas.

El gobierno ha indicado que la formalización aumentará la recaudación. Pero para formalizar no se requiere bajar el IGV. Un componente tributario puede ser útil, pero mucho más importante será aumentar la productividad de las mype y generar más empleo formal en le economía, objetivos centrales de la diversificación productiva, hoy abandonada en la práctica.

Cumplidos 100 días de gobierno, mucho se ha hablado de los logros reportados. Es obvio que en ese lapso es poco lo que se puede realmente comenzar desde cero. Pero lo que sí puede hacer en 100 días es articular una visión de país (que no se ha hecho todavía) y mostrar liderazgo para mover el elefante del Estado. Si no se le mueve, el riesgo es que eventualmente se ceda con subsidios y exoneraciones ante las presiones de todo tipo que se vienen. Que aumente el rentismo y no la productividad. Y que se retroceda en la disciplina macroeconómica de los últimos 25 años. Esto sería una paradoja tratándose, precisamente, del gobierno de PPK. 

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