Crimen y castigo: un análisis económico

El avance de la criminalidad es hoy lo que más agobia a los peruanos. En particular, el crecimiento de las extorsiones golpea con dureza a transportistas, bodegueros y emprendedores, afectando el normal desarrollo de sus actividades y su integridad física. En los últimos cinco años, las denuncias mensuales por extorsión se han multiplicado por cinco.

Además de los lamentables costos personales, las actividades criminales también generan costos para la economía. En BBVA Research estimamos que, en Perú, el aumento de la inseguridad entre 2021 y 2024 impactó negativamente en el ingreso generado por cada peruano durante ese período en alrededor de 3,0%. Asimismo, calculamos que el gasto en seguridad equivalía a 3,1% del PBI (más de US$ 10.000 millones actualmente), recursos que, en buena parte, podrían destinarse a la inversión.

¿Cómo entender el rápido avance de la criminalidad en Perú? En 1968, Gary Becker, premio Nobel de Economía, publicó “Crime and Punishment: An Economic Approach”, uno de los trabajos fundacionales de la economía del crimen. Becker estableció que los individuos deciden cometer un delito como resultado de un proceso racional en el que evalúan si el beneficio esperado (Y) supera el costo esperado. El costo esperado de delinquir se resume en dos variables: la probabilidad de ser capturado (p) y la severidad de la sanción o castigo (f). Además, Becker demostró empíricamente que la mayoría de los criminales son propensos al riesgo. Por lo tanto, un incremento en p tiene un efecto disuasorio significativamente mayor que un aumento en f.

El análisis del fenómeno de la extorsión en el Perú (desde el “cobro de cupos” al transporte público y las bodegas hasta los préstamos “gota a gota”) bajo el modelo de Becker revela la existencia de un mercado criminal altamente eficiente, en el que los incentivos económicos están severamente distorsionados a favor del delincuente.

En primer lugar, esta actividad ilícita representa para el malhechor un alto y recurrente beneficio esperado (Y). A diferencia del robo común, que es una “transacción de pago único” con un alto costo de búsqueda por cada víctima, la extorsión opera como un “modelo de suscripción” ilícito. La renta es fija y se genera con un bajo costo marginal: el extorsionador establece un cobro periódico (diario, semanal o mensual) y, una vez establecida la amenaza inicial, el costo de mantener el cobro sobre esa misma víctima es casi cero. Además, la extorsión puede escalarse masivamente: un solo grupo criminal puede extorsionar a cientos de transportistas o comerciantes simultáneamente utilizando tecnología básica (mensajería instantánea y billeteras digitales).

En segundo lugar, la probabilidad de captura (p) es cercana a cero, por lo que la gravedad del castigo (f) se vuelve irrelevante: no importa qué tan alta sea la pena en el papel. En el Perú, p es muy baja por tres factores estructurales: (i) la gente no denuncia el delito porque la policía no garantiza una protección efectiva; (ii) el anonimato: el uso de chips telefónicos no registrados, cuentas bancarias a nombre de terceros y herramientas digitales reduce la trazabilidad operativa del extorsionador; y (iii) la corrupción o la falta de capacidad investigativa diluyen p en cada etapa (detención, acusación y condena).

Un tercer elemento es la “inversión estratégica en reputación de violencia”. Para reducir sus costos operativos, las bandas extorsivas recurren a violencia demostrativa. Quemar un vehículo o atentar contra un negocio no busca destruir a la víctima, sino enviar una señal al resto del mercado. La banda realiza un “gasto inicial” en violencia real para que la amenaza futura resulte creíble. Esto reduce casi a cero el costo de convencer a las siguientes víctimas de pagar sin oponer resistencia.

En cuarto lugar, los costos operativos y de entrada son bajos. Montar una red extorsiva en el Perú requiere un capital inicial mínimo: un teléfono móvil, acceso a datos personales (frecuentemente filtrados o comprados en mercados informales) y mano de obra barata para la ejecución física (sicariato juvenil o delincuentes contratados al destajo).

Finalmente, el costo de oportunidad de los delincuentes es sumamente bajo. En un país con alta informalidad laboral (alrededor del 70%) e ingresos reales estancados para los jóvenes de sectores vulnerables, enrolarse en una banda extorsiva tiene un costo de oportunidad muy bajo frente a las ganancias ilícitas inmediatas.

En este contexto, en el marco de la solicitud de delegación de facultades legislativas, el gobierno la propuesto, para combatir la inseguridad: (i) fortalecer la operatividad y la inteligencia policial; (ii) reforzar el control del transporte y de las fronteras; (iii) acentuar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; y (iv) crear nuevos tipos penales (la exigencia extorsiva) e impulsar reformas penitenciarias, entre otras acciones. Los tres primeros grupos de medidas apuntan directamente a elevar p, reduciendo el margen de impunidad. Además, las medidas de control fronterizo elevan el esfuerzo y el riesgo operativo que debe asumir una banda criminal para operar en el país (es decir, elevan los costos de transacción de delinquir). Sobre el cuarto grupo, las medidas orientadas a elevar la severidad de las penas (f) pueden ser útiles, pero, si la probabilidad de condena (p) se mantiene baja, el efecto disuasorio de elevar las penas es casi nulo.

Cabe agregar que, en su análisis, Becker no solo considera los castigos, sino también el retorno de las actividades legales frente al de las ilegales. Un individuo opta por el crimen si el ingreso ilícito supera lo que podría ganar en el mercado de trabajo formal. Por lo tanto, medidas estructurales que aumenten el costo de oportunidad de delinquir, como la reducción de la informalidad laboral y los incentivos para la creación de empleo juvenil en zonas vulnerables, contempladas en la delegación de facultades, también ayudarían.

El crecimiento de actividades delictivas, como la extorsión, está generando estragos en la vida de peruanos de bien que no pueden realizar con normalidad sus actividades productivas y que ven su integridad física amenazada constantemente. Este flagelo requiere una respuesta contundente e inmediata, así como resultados en el corto plazo. Si dejamos que la criminalidad siga avanzando, corremos el riesgo de que continúe corroyendo nuestras ya débiles instituciones, con graves consecuencias sociales, como hemos presenciado en otros países. No hay tiempo que perder.