Hace unas semanas, mientras era emitido el Decreto de Urgencia para sustentar el nuevo apoyo a Petro-Perú, se habló del riesgo que corría el abastecimiento de combustibles del mercado nacional y, finalmente, como lo indicó el dispositivo legal, se estableció que “para mitigar la crisis energética en el país y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional”, era necesario proporcionar un nuevo apoyo a Petro-Perú.
Más allá de mi opinión sobre la empresa estatal y la necesidad o no de darle nuevamente rescate, apoyo, garantía o como se le quiera llamar, lo cierto es que en el Perú no estamos viviendo una crisis energética que vaya a causar desabastecimiento de combustibles en el mercado nacional.
Conforme a lo establecido en la norma, Petro-Perú representa aproximadamente el 19% del mercado nacional, es decir, su situación financiera no compromete el abastecimiento de combustibles en el país. El 80% restante es cubierto por otros proveedores que operan con normalidad y capacidad suficientes. En ese contexto, resulta inexacto sostener que la no aprobación del Decreto de Urgencia hubiese derivado en una escasez de combustibles en los grifos.
Sé que el 19% del mercado que es atendido por Petro-Perú, principalmente en regiones de la Amazonía como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, podría haberse visto afectado por su incapacidad de continuar operando; pero la pregunta es si la única alternativa viable era continuar dándole apoyo financiero o si había otra medida –menos costosa para todos los peruanos– para asegurar dicho abastecimiento. Evidentemente, alternativas existían; que no se hayan considerado o implementado es un aspecto que merece análisis aparte.
Lo que no podemos negar es que los conflictos internacionales traen como consecuencia el incremento del precio de los hidrocarburos, lo que tiene un impacto directo en todo el mercado peruano, dado que somos deficitarios en la producción de crudo para abastecer la demanda local y tenemos que importar hidrocarburos a los altos precios internacionales. Ese es el verdadero problema que el Estado debería atender. Ciertamente, los decretos de urgencia que otorgan subsidios al transporte son bienvenidos, pero definitivamente no solucionan el problema de los precios internacionales de los combustibles.
La reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) podría mitigar el impacto a corto plazo. Sin embargo, este mecanismo que se aplicaba desde el 2012, se encuentra casi sin efecto, debido a que desde el 2023 el Estado mantiene una deuda de más de S/900 millones con las empresas importadoras de combustibles. Por eso, me pregunto: ¿no habría sido mejor destinar esos fondos a saldar esta deuda y proteger directamente a los consumidores en lugar de destinarlos a un nuevo apoyo para Petro-Perú?
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