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"CTS, AFP y tributos: ¿por qué me obligan?", por A. Townsend

¿Hasta qué punto debería un Estado obligar a sus ciudadanos a realizar acciones que estos no harían voluntariamente?

Asbanc: depósitos CTS sumaron S/.12,263 millones en setiembre

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La ideología puede llevarnos a pensar, en un extremo, que todo individuo es perfectamente racional en todas sus decisiones y que nadie sabe mejor que él cómo disponer de sus recursos o, en el otro, que necesita que otras personas decidan colectivamente por él, atendiendo a su mejor interés y el de la sociedad en su conjunto. En realidad, ninguna de estas presunciones refleja apropiadamente la naturaleza humana, pues cada persona es una mezcla peculiar de razonamiento e intuición, tamizada por emociones y sesgos cognitivos que en ocasiones nos llevan a actuar – en apariencia – irracionalmente.

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Cabe preguntarse entonces hasta qué punto debería un Estado obligar a sus ciudadanos a realizar acciones que estos no harían voluntariamente. Cito tres ejemplos en debate: pagar impuestos si uno no cree que reciba una contraprestación equivalente en servicios públicos; aportar a una AFP si uno es trabajador independiente; e inmovilizar parte de su sueldo como CTS. Si nos mantuviéramos en los extremos arriba citados, uno tendría que decir que o bien las tres obligaciones son inexcusablemente abusivas, o bien las tres son perfectamente válidas. 


Quizá el sentido común nos haga notar que estos supuestos no son estrictamente comparables. Uno puede ser un crítico furibundo de la ineficiencia estatal, pero difícilmente endosará una propuesta de desobediencia civil respecto de la obligación general de pagar tributos (que no es lo mismo que evadir y esperar que el otro sí pague). Mal que bien, sabemos que hay algunas cosas que el Estado sí debe hacer, aunque discrepemos sobre los detalles.

Encuentro sentido también en la obligatoriedad general de los aportes previsionales, puesto que está científicamente comprobado que el cerebro humano está predispuesto a priorizar el corto plazo sobre el largo. Por eso, solo excepcionalmente la gente ahorra motu proprio para su vejez, y esto supone un riesgo que merece ser cubierto con una política pública (sobre cuyos detalles, nuevamente, podemos discrepar). Sin embargo, ese mismo argumento no me convence para el caso de la CTS. Un despido es un riesgo que puede configurarse en cualquier momento. Por ello, me hace más sentido que sea el propio trabajador el que decida cómo prepararse mejor ante esa eventualidad.

Así como hay excepciones al pago de tributos, podría haberlas también en el ámbito previsional. Pero sugerir que no deben aportar quienes eligieron ser independientes, es como sugerir que no deben tributar quienes eligieron ser informales. Si uno está convencido de que debe haber protección previsional, debe aplicarse en principio a todos.

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