Cuando lo barato sale caro

Políticamente, las medidas populistas pueden ser muy rentables para los que las promueven. El retorno, como los supuestos beneficios para la ciudadanía, es casi inmediato, y las consecuencias suelen padecerlas otros y recién en el largo plazo, cuando la asociación entre las acciones de los impulsadores y sus resultados se hace difusa.

Sin embargo, algunas medidas de este tipo ya han tenido tiempo para demostrar que son todo lo nocivas que expertos y autoridades advertían. Es el caso, por ejemplo, de la ley que impuso topes a las tasas de interés, aprobada por insistencia en el Congreso el 18 de marzo del 2021 a contracorriente de lo que opinaban el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entre otros.

El objetivo declarado de la norma era proteger a los ciudadanos de la usura, estableciendo límites a los intereses que las instituciones financieras cobran por los créditos que ofrecen. No se tomó en cuenta, sin embargo, que el tamaño de la tasa está directamente relacionado con los riesgos asociados a prestar dinero a las personas. Así, los ciudadanos que suponen mayor riesgo de caer en morosidad han terminado excluidos del sistema formal, ya que las entidades financieras no han podido plantear tasas a su medida. Las necesidades de financiamiento, sin embargo, subsisten y han sido capitalizadas por el mercado informal y los famosos sistemas “gota a gota”, cuyos vínculos con la criminalidad ya ocupan copiosas páginas en los diarios a nivel nacional.

El BCR ha reportado que, solo entre mayo y diciembre del 2021, 126,7 mil personas quedaron excluidas de la posibilidad de acceder a un crédito. El 75% de estas fueron personas naturales, 25%, mypess. Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía ha dado cuenta de que 580 mil hogares urbanos recibieron un crédito informal en el 2022. Y casi la mitad de este tipo de préstamos se han dado con tasas mayores al 500%, muy por encima del límite establecido.

Lamentablemente en los últimos años, el impulso de normas antitécnicas por parte de distintas autoridades se ha vuelto una costumbre preocupante. Algunas, como los retiros de los fondos de las AFP, han significado reincidir en errores cuyos costos inmediatos ya hemos pagado, como con la rebaja en nuestra clasificación crediticia internacional, además del tremendo impacto a futuro para las pensiones en el país. Otras, como la que busca prohibir el cobro por comisiones interbancarias, amenazan con poner en riesgo infraestructura clave para la seguridad digital y la cotidianidad financiera de los usuarios.

¿Podemos hacer algo al respecto? Por supuesto que sí. Estoy convencido de que la solución amerita varias acciones, desde involucrarnos más como ciudadanos apenas identificamos el inicio de un problema, hasta elegir mejor a nuestros representantes políticos. Comprometernos con el país significa trabajar para no abandonar la madurez económica que nos caracterizó a comienzos del siglo.

Este escenario genera desconfianza en los inversionistas, con el impacto que esto tiene en el crecimiento económico que tanto necesitamos. Como país necesitamos corregir el rumbo con prontitud y firmeza. No permitamos que el gesto barato nos termine saliendo caro.